La mesa está puesta para que Televisa se despache con el estilo que le caracteriza: a lo grande. Dos artículos de la iniciativa presidencial de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión le permitirán al consorcio de Emilio Azcárraga Jean no ser calificada de “preponderante” en el servicio de televisión de paga, donde en realidad ya lo es, y seguir en su proceso de eliminación de competidores. Todo indica la iniciativa de Enrique Peña Nieto será aprobada sin problemas, pues la oposición de algunos legisladores del PRD o del PAN es sólo coyuntural.
Un enorme “regalo” en los artículos 264 y 276 de la iniciativa presidencial sobre telecomunicaciones y radiodifusión, presentada el lunes 24 al Senado, le permitirá a Televisa no ser declarada “agente económico preponderante” en los servicios de televisión restringida, donde la compañía de Emilio Azcárraga Jean tiene ya casi 12 millones de suscriptores, 61% de este sector.
La redacción ambigua y claramente sesgada hacia Televisa en ambos artículos le permitirá concretar la adquisición de 51% de la empresa Cablecom por 7 mil millones de pesos (545 millones de dólares), con lo cual tendrá más de 65% del sector de televisión restringida, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y los cálculos de la empresa Signals Telecom.
En enero Azcárraga creó la empresa Televisa-Cablecom y ha presionado a los programadores para romper los contratos de distribución de contenidos que tienen con PCTV, según fuentes consultadas por Proceso. La idea de Grupo Televisa, advierte uno de los programadores quien habló a condición del anonimato, es bajar de su programación, a partir del lunes 31, todos los canales del Network de PCTV, quitándole fortaleza de ventas y distribución al eliminar su presencia en los canales de Cablemás, Cablevisión, TVI y posiblemente Cablecom.
Entrevistado sobre este gran “regalo” al monopolio televisivo, el senador panista Javier Corral explica a Proceso que “así como en 2006, cuando se aprobó la Ley Televisa, la nuez del negocio fue el artículo 28 de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que le permitiría quedarse con el espectro sobrante de la transición digital sin pagar contraprestación alguna, ahora el gobierno de Peña Nieto redacta unas reglas de preponderancia que protegen a Televisa en televisión de paga y le imponen medidas absolutamente irrelevantes en televisión abierta”.
Corral advirtió que la redacción sobre la “preponderancia” en radiodifusión, contenida en el artículo 260 y en especial en el 264 va contra lo establecido en el artículo octavo transitorio de la reforma constitucional aprobada en 2013.
En esa reforma se estableció que “se considerarán como agentes económicos preponderantes en los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones” a las compañías que tengan una “participación mayor a 50%, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas de acuerdo con los datos de que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones”.
La trampa, sentencia Corral, es que los redactores de la ley secundaria cambiaron la noción de “servicios” por el de “sector” para la declaración de “agente económico predominante”. De esta manera los servicios que presta Televisa en televisión restringida, medidos en usuarios, suscriptores y audiencia, claramente rebasan 50%, pero no son considerados en la ley como susceptibles de una declaración de agente económico preponderante.
Esto le permitirá a Televisa continuar con la operación de concentración y compra de las compañías de televisión por cable, iniciada en 2006-2007 con la adquisición de Cablemás, TVI y tener el control de 51% de las acciones de Cablecom, propiedad ahora del enigmático financiero de origen regiomontano David Martínez, quien posee a través de Tenedora Ares más de la mitad del control de Grupo Cable TV o Cablemás.
Incluso el legislador panista bautiza como “cláusula Cablemás” el siguiente párrafo del artículo 276 sobre las medidas de fomento a la competencia:
“Tratándose de la autorización de nuevas concesiones o de la concentración de agentes económicos dentro de cada uno de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, el instituto: a) Deberá considerar la existencia o no de un agente preponderante en el sector determinado o con poder sustancial.”
La única autorización pendiente de nueva concentración es la adquisición de Cablemás por Grupo Televisa, anunciada desde agosto de 2013 a la Bolsa Mexicana de Valores, y se insiste en la palabra “sector” y no “servicios”, tal como decía el texto original de la reforma constitucional.
“Por la vía de la televisión de paga, Televisa puede burlar todas las 23 disposiciones que se establecen en el artículo 264 para el agente económico predominante en radiodifusión”, sentencia Corral.
–¿Eso qué significa?
–Que podrá establecer barreras de entrada, bajar la programación de todos aquellos canales de televisión restringida que no sean de su propiedad, de sus filiales o de sus aliados y comercializar hasta el exceso en los contenidos. Podrán quitarse a todos los competidores incómodos e incluso ejercer un dominio sobre las otras compañías de televisión abierta.
–¿Este es el único punto en donde se observa favoritísimo a Televisa? –se le pregunta.
–No. El trazo de Televisa en la Ley Peña son los criterios de preponderancia restringida sólo a sectores y no a servicios, excluyendo así a la televisión restringida, pero también las inútiles medidas asimétricas que se le imponen como preponderante en televisión abierta, la indefinición de la propiedad cruzada, la inexistencia de límites a la concentración y la cláusula Cablecom.
“Al no ser preponderante en televisión de paga, se le hace un traje a la medida para que Televisa pueda adquirir ya Cablecom”, sentenció.
Corral considera una auténtica “burla” algunas de las 23 disposiciones que el artículo 264 establece contra la preponderancia en radiodifusión. Por ejemplo, en el numeral XVII se establece:
“Abstenerse de participar en sociedades que lleven a cabo la impresión de periódicos escritos de circulación diaria, ya sea local, regional o nacional, según lo determine el instituto”.
El legislador se cuestiona: “¿Por qué le ordenan abstenerse en periódicos? Porque no tiene ningún periódico. ¡Es un traje a la medida! ¿Por qué no dice que debe abstenerse de participar en revistas, que sí tiene, o en agencias de publicidad, que también son suyas?”.
Hiperconcentración
En contraste con las medidas muy concretas que se le imponen a América Móvil, el agente económico predominante en telecomunicaciones que no podrá participar en el mercado audiovisual hasta un mínimo de dos años y condicionado al cumplimiento de una serie de medidas consideradas como “correctas” por la mayoría de los especialistas, en televisión de paga se le permitirá a Televisa tener prácticamente todo el control.
Uno de los competidores más afectados sería PCTV, la compañía creada para la producción y distribución de contenidos en televisión por cable formada en un inicio por compañías independientes al control de Televisa.
Según uno de los programadores consultados, la medida no es casual. Desde hace seis años PCTV creó el canal TVC Deportes, que ha sido incómodo para la Federación Mexicana de Futbol, y sus audiencias han creado “fuertes dolores de cabeza al canal TDN, propiedad de Grupo Televisa”.
El negocio de la posible desaparición de PCTV será redondo porque desintegrará el paquete básico de industria conocido como PBI que el propio PCTV genera para sus asociados, ya que también “pretende eliminar la compra conjunta de señales internacionales que los programadores venden a PCTV para comprarlos ahora ellos de manera directa y obtener beneficios individuales en la adquisición de dichas señales”.
El “golpe final”, advirtió esta fuente, será propiciar “la muerte de 300 cableoperadores pequeños que ante un PCTV debilitado, sin canales propios y sin representación global de las señales extranjeras, ausente de distribución en el área metropolitana y ciudades clave, e imposibilitado de bajar el costo de señales por vía de la generación de volumen de compra, dejaría a su suerte a los operadores del interior del país que finalmente su única salida será vender sus sistemas de cable a un operador grande llamado justamente Televisa”.
No solamente serán afectados los operadores independientes agrupados en PCTV, sino los que forman parte de la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México. Muchos han optado por vender a Grupo Televisa ante la imposibilidad de competir con el gigante.
De acuerdo con Signals Telecom, Televisa tiene a través de sus filiales Cablemás, Cablevisión y Cablevisión del Norte (antes TVI) un control de 56.2% de los suscriptores en cable y 38.4% de televisión satelital con Sky. Sólo en este sector tiene una competencia seria con Grupo Dish, una sociedad de MVS con EchoStar y Telmex, a la cual Grupo Televisa ha combatido frontalmente.
La operación de compra-venta de 51% de Cablecom se anunció en agosto de 2013. Esta empresa es considerada la tercera más grande del país, con presencia en 16 entidades, y con 3 millones de suscriptores y 800 usuarios de triple play, sólo después de Megacable, de la familia Yamuni, y de Cablevisión, de Azcárraga Jean. Megacable ya es socio de Televisa en la marca Yoo, pero Cablecom estaba fuera de su dominio.
Las negociaciones empezaron meses antes. En mayo de 2013, en plena negociación de la reforma constitucional de telecomunicaciones, David Martínez, propietario del fondo de inversiones Fintech, adquirió 95% de Tenedora Ares, poseedora de 51% de Cablecom, con opción de compra del 49% restante a un precio de aproximadamente 9.3 veces la utilidad operativa de los 12 meses precedentes a la fecha en que se realice dicha operación.
Martínez ha tenido con Televisa una relación de amor-odio. Considerado uno de los personaje más enigmáticos de Wall Street, el dueño de Fintech apoyó el litigio de Paula Cusi, última esposa de Emilio Azcárraga Milmo, contra Azcárraga Jean por la sexta parte del legado del Tigre.
Experto en comprar y reestructurar deudas de empresas y gobiernos, como el de Argentina, Martínez ha pretendido ingresar al mercado de las telecomunicaciones en México, pero tanto Televisa como Grupo Carso lo han bloqueado.
En una jugada en apariencia astuta, Televisa anunció en agosto de 2013 ante la Bolsa Mexicana de Valores una inversión de 7 mil millones de pesos para adquirir el control de Cablecom, vía la compra de deuda convertible que le permitiría hacerse del control de 95% de Tenedora Ares.
La autorización de esta adquisición quedó suspendida en tanto se formaba la nueva autoridad reguladora en competencia económica del sector, el IFT, y se conocían las nuevas disposiciones secundarias a la reforma constitucional.
Si el órgano regulador reconoce que con la adquisición de Cablecom, Televisa posee más de 65% del mercado de televisión restringida, esta ambiciosa operación se viene abajo.
El “candado” a la participación del magnate Carlos Slim en el mercado de la televisión restringida se prolongará por dos años más, según la iniciativa de Peña Nieto enviada al Senado.
Si América Móvil pudiera dar servicios de televisión por cable, expertos calculan que de golpe se incrementarían entre 6 y 9 millones los nuevos usuarios de este sistema, lo que modificaría el esquema de concentración que actualmente tiene Televisa en este mercado.
En su comunicado del jueves 27 América Móvil criticó duramente la iniciativa del Ejecutivo federal y consideró que las disposiciones “crean barreras de entrada a mercados altamente concentrados, como lo son el de radiodifusión y televisión restringida, protegiendo así al agente económico preponderante en radiodifusión y con poder de mercado en televisión restringida”, en clara referencia a Televisa.
“Segunda temporada”
Corral no duda que estamos “ante la segunda temporada de la Ley Televisa”. “Recordemos que en la primera hubo quienes salieron abiertamente a defenderla y ahora los volveremos a ver en legisladores tanto del PRI, del PAN como del PRD.
“También hubo actores que oponiéndose, supuestamente, en realidad estaban finteando, reclamando cambios en asuntos meramente cosméticos con el argumento de buscar alternativas racionales y no radicales”, dice.
–¿Observa lo mismo en este proceso?
–Va a haber actores en todos los partidos políticos que, supuestamente, son opositores a la ley, pero quieren distraer lo fundamental que es el enorme regalo que le darán a Televisa, por cosas menores o aledañas.
–¿Quién encabeza ahora la defensa de la ley?
–Sin duda el presidente de la Comisión de Comunicaciones, Javier Lozano.
Coincidentemente, en esta “segunda temporada” también es un actor relevante el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, ampliamente reconocido como un aliado de los concesionarios y en especial de Televisa.
Hace ocho años Gamboa era su impulsor dentro de la bancada del PRI –entonces coordinada por Enrique Jackson– y no pudo evitar la fractura de su grupo. Once legisladores del tricolor votaron contra la Ley Televisa. De ellos sólo Manuel Bartlett, actual coordinador de la bancada del PT, está de nuevo en el Senado.
En la bancada del PRD, hasta donde se han expresado las distintas corrientes, todos están contra la iniciativa. Algunos del PRD y del PAN han pedido cambios, sobre todo relacionados con el control que se le otorga a la Secretaría de Gobernación en materia de contenidos.
Pragmático, Gamboa ya declaró que a la iniciativa del Ejecutivo “tendrán que hacerles cambios” para ser aprobada en comisiones y luego en el pleno.
“Ninguno de esos cambios que han planteado van a la esencia del gran regalo que Peña Nieto quiere darle a Televisa”, sentencia Corral.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
Lozano, como empleado del consorcio
Jenaro Villamil | Proceso
La noche del lunes 24, en un acto insólito los presidentes del PAN, Cecilia Romero, y del PRD, Jesús Zambrano, leyeron un comunicado en el cual expresaron la oposición de ambos partidos a la iniciativa de ley del gobierno federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, presentada siete horas antes en el Senado. Argumentaron que viola la reforma constitucional de 2013 y demandaron una ley “democrática, antimonopólica, cultural y en defensa de las audiencias y de los usuarios”.
La presentación de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto molestó a las dirigencias de ambos partidos. En el PRD todos los grupos que integran las bancadas en las dos cámaras se opusieron, con el argumento de que era una clara violación a la Constitución y confirmaba lo planteado en los “borradores” de la iniciativa que circularon desde febrero.
En el PAN, Santiago Creel y Juan Molinar Horcasitas se reunieron con la presidenta interina del partido para analizar los términos de la iniciativa la tarde del mismo lunes 24. Ambos exintegrantes del Consejo Rector del Pacto por México coincidieron en que violaba lo acordado en la reforma constitucional de abril de 2013.
Varias llamadas y mensajes entre Creel y Molinar, del PAN, y Guadalupe Acosta Naranjo y Jesús Zambrano, del PRD, afinaron los términos del comunicado conjunto y la necesidad de publicarlo ese mismo día.
Mientras Romero y Zambrano leían en el hotel Hilton de la Alameda el rompimiento con la ley de Peña, el presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, Javier Lozano Alarcón, descalificó esa posición. Dijo que Romero había sido “mal informada”.
En su cuenta de Twitter el legislador panista, promotor de la campaña de Ernesto Cordero por la dirigencia nacional del PAN, afirmó: “Corrección: dirigentes que no han leído el proyecto lo descalifican”.
El martes 25, Lozano en declaraciones a los medios y en su cuenta de Twitter afirmó: “Vaya confusión. Pretende @GustavoMadero dictar línea a los @SenadoresdelPAN sobre Reforma de #Telecomunicaciones. Ya no eres jefe nacional”.
Ningún otro legislador –ni siquiera del PRI– ha defendido en estos días con tal enjundia la iniciativa del Ejecutivo como Lozano.
Incluso maniobró para que el jueves 27 se suspendiera la sesión con los integrantes de las comisiones unidas del Senado –de Comunicación, presidida por él; de Estudios Legislativos, encabezada por la priista Graciela Ortiz, y de Radio y Televisión, por la perredista Alejandra Barrales– para que se tomara un acuerdo con Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva de la cámara alta para imponer un calendario de consulta de foros, discusión y aprobación de la iniciativa en comisiones y en el pleno. La fecha límite para su aprobación será entre el 23 y el 25 de abril, anunció Lozano.
Su correligionario Javier Corral, con una posición diametralmente opuesta, afirmó que esa decisión era violatoria del reglamento del Senado porque sólo los integrantes de las comisiones unidas pueden tomar ese acuerdo. Barrales afirmó que ella no avalaba el “acuerdo” dado a conocer por Lozano y Ortiz y que este lunes 31 los integrantes de su comisión votarían.
Presiones
La presión de Lozano por aprobar fast track un documento rechazado por los propios dirigentes del PAN y PRD ha molestado a un sector de la bancada panista. Al menos seis senadores que no están alineados con Gustavo Madero ni con Cordero se han reunido con especialistas de distintos sectores y han coincidido en que el contenido de la ley tiene elementos de anticonstitucionalidad, está sesgada a favor de Televisa y permite el control del gobierno federal en el contenido de los medios y las redes sociales.
El activismo de Lozano no es casual. El PRI y el Partido Verde tienen 61 votos y sólo necesitan “cuatro votos o cuatro ausencias” para aprobar por mayoría simple de 65 votos la iniciativa de Peña Nieto. Lozano ha asegurado tener entre 10 y 12 votos “amarrados” de su bancada, confiaron a Proceso varios legisladores. Incluso prometió “uno o dos votos” del PRD.
Lozano fue uno de los cuatro redactores de la iniciativa del Ejecutivo federal, junto con el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta; el consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y el estratega jurídico de Grupo Televisa, Javier Tejado Dondé, amigo del panista.
Oficialmente nadie ha reconocido que estos cuatro personajes formaron parte del war room que procesó, redactó y corrigió los borradores que llegaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para dar el toque final a una iniciativa polémica.
La presencia de Lozano entre el equipo de redactores de la Ley de Telecomunicaciones fue una condición impuesta por el grupo de Cordero –quien controla la mayoría de los votos de la bancada del PAN en el Senado– durante la aprobación de la reforma constitucional en materia energética en diciembre de 2013.
Testigos de esta negociación relatan a Proceso que Cordero gestionó con Castillejos y con Luis Videgaray, secretario de Hacienda, para que se incluyera a Lozano en ese equipo.
Priista, panista, zedillista, calderonista y ahora corderista, Lozano se ha caracterizado en los últimos meses por su apoyo a las campañas del Grupo Televisa contra la sociedad entre Grupo Dish y Telmex, contra el extitular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel, ya desaparecida) Mony de Swaan y a favor de aprobar en sus términos la iniciativa.
La cercanía de Lozano con el director de Información y representante legal de Grupo Televisa, Javier Tejado Dondé, le permitió al consorcio de Emilio Azcárraga acceder a información privilegiada durante la elaboración de la iniciativa y defender “los candados” a favor del monopolio televisivo, tal como lo describió Proceso en su edición 1944.
Lozano y Tejado no ocultan sus simpatías y acuerdos. En sus cuentas de Twitter ambos se tratan de “tocayos”, coinciden en criticar a Gustavo Madero, al Pacto por México (que ya desapareció como tal), en el embate contra De Swaan y en identificar a todos los críticos de Televisa como si fueran pagados o enviados por Carlos Slim.
La sincronía entre Tejado y Lozano también se evidenció cuando antes de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitiera la declaración de “agente económico preponderante” contra América Móvil y Televisa el viernes 7, presionaron para que el organismo investigara un supuesto acuerdo secreto de compra-venta entre Carlos Slim y Joaquín Vargas, de MVS, socios en Grupo Dish. Lozano impulsó en el Senado un punto de acuerdo para iniciar esta investigación.
Paradójicamente, como presidente de la Cofetel de octubre de 1998 a marzo de 1999, Lozano fue favorable a la sociedad que entonces tenían Televisa y Grupo Carso en Cablevisión, filial de Azcárraga. Carso llegó a tener 49% de las acciones de esa empresa. Entonces, según Lozano, Slim no violaba la prohibición del título de concesión de Telmex que le impedía participar en el mercado de la radiodifusión.
Lozano también fue investigado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2008 por otorgarle una segunda prórroga a la empresa Unefon, cuando fue presidente de la Cofetel (Proceso 1725).
El caso generó un agrio debate entre Jorge Álvarez Hoth, quien había sido subsecretario de Comunicaciones durante el gobierno de Fox, y Lozano, entonces secretario del Trabajo con Felipe Calderón.
Lozano acusó a Álvarez de haber perdido un litigio ante Unefon (ya propiedad de Ricardo Salinas Pliego) que provocó el pago de 550 millones de pesos a la empresa por “cobro indebido de intereses”, multa impuesta en 1998. Ese pago se realizó el último día de la gestión foxista. Álvarez y la ASF establecieron que ese pago fue consecuencia del otorgamiento irregular de dos prórrogas consecutivas aprobadas por Lozano (Proceso 1626, 1639 y 1642).
Como subsecretario de Comunicaciones y Transportes (1996-1997) y como presidente de la Cofetel, Lozano también abrió paso a la competencia en telefonía móvil. Telefónica, empresa que dirigió Francisco Gil Díaz, amigo y exjefe de Lozano en la Secretaría de Hacienda, fue de las compañías más beneficiadas.
La única empresa del sector que ha expresado públicamente su beneplácito y apoyo a la iniciativa Peña Nieto en telecomunicaciones ha sido Telefónica.
Borrador modificado
La influencia y participación de Lozano y Tejado fue clave en la confección final de la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones. Hacia finales de octubre de 2013 había un borrador elaborado en la SCT cuya redacción coordinó el subsecretario Ignacio Peralta Sánchez.
Quienes conocieron ese documento indicaron a este semanario que no había un sesgo tan claro en ese primer borrador a favor de Azcárraga. Buscaba una regulación también de la empresa en el sector de televisión restringida (Proceso 1944).
Peralta admitió en conferencia de prensa en noviembre de 2013 que ya estaba “muy avanzado” el borrador de la iniciativa. A pregunta expresa de este reportero el funcionario admitió que el tema más difícil era la figura de la “concesión única” y no la regulación del “agente económico preponderante”.
Pero fue ampliamente rebasado por Lozano, Tejado y Castillejos, quienes incorporaron los últimos cambios entre febrero pasado y este mes.
No fue casual que el funcionario de la SCT cediera en varias partes de los borradores. En el artículo 16 transitorio de la iniciativa de Peña Nieto se rompió con el acuerdo de la reforma constitucional para que la fecha límite del “apagón analógico” sea el 31 de diciembre de 2015. La SCT incorporó que en algunos casos las transmisiones analógicas deberán finalizar “a más tardar el 31 de diciembre de 2017”, dos años más y vísperas de las elecciones de 2018.
Por su parte Castillejos jugó un papel fundamental en la elaboración y operación de la iniciativa. El artífice legal de las reformas constitucionales de 2013 también mantiene una buena relación con su primo y presidente de la Mesa Directiva del Senado, el priista Raúl Cervantes Andrade.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
