Gustavo Leal F.* | Opinión-La Jornada
En el apartado Ley de los sistemas de ahorro para el retiro” (SAR) de la iniciativa presidencial para instaurar un sistema de seguridad social universal (septiembre, 2013) el “nuevo” PRI de Peña Nieto anticipó una suerte de “balance” idílico que no corresponde a las tendencias que describe la realidad de 16 años de operación privatizada de los fondos pensionarios, emprendida por Ernesto Zedillo con su “reforma”-IMSS (1995-97), continuada con la “reforma”-Issste de Calderón (2007).
Se afirma, por ejemplo, que México “ha avanzado con pasos firmes” en la construcción de un sistema “sólido y sustentable” y que, ante la manifiesta “inviabilidad” financiera e “inequidad” del sistema de beneficio definido, se aprobó una reforma estructural de “gran alcance” para poner en marcha el sistema de cuentas individuales basado en contribuciones definidas obligatorias, con “derechos de propiedad” claros a nombre de cada trabajador afiliado al IMSS-Issste.
Peña Nieto sostiene que el SAR ha evolucionado operativa y financieramente conforme a las “mejores” prácticas internacionales y que en 16 años, muestra “avances” importantes: financieramente sostenible, “a diferencia” del anterior sistema de reparto. Acumulación de ahorro para el retiro “sin precedentes” que ha contribuido a anclar la estabilidad macroeconómica. Canalizar un volumen creciente de recursos hacia actividades productivas y proyectos de desarrollo, lo cual genera un “círculo virtuoso” de inversión, crecimiento económico y empleo. Rendimientos atractivos para “todos” los ahorradores, significativamente mejores que otras alternativas. Y que al invertirse los recursos en instrumentos de largo plazo se contribuye a “un mayor” desarrollo del mercado financiero. Creación de un sistema operativo “robusto”.
Como ya sucedía con Zedillo, Fox y Calderón, también para Peña Nieto los “avances” sólo redundan en beneficio del mercado financiero, sin alcanzar a los trabajadores dueños de los fondos pensionarios. Resulta pues lógico que su diagnóstico de los “retos” se reduzcan apenas a “garantizar” a todos los mexicanos “el acceso” al sistema para que éste funcione como una “auténtica red de apoyo”.
Pero siguiendo a la propia Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) resulta que, durante 2013, las ganancias promedio del Sistema “fueron nulas, e incluso, ligeramente negativas en términos reales” ( El Financiero, 8.1.14). Además de que, por las “minusvalías”, el monto de los ahorros para el retiro “no logró recuperar el nivel máximo histórico logrado en abril de 2013: 2 billones 75 mil 410 millones de pesos” ( La Jornada, 7.1.14).
Un estudio legislativo encabezado por el diputado perredista Miguel Alonso Raya documenta que, durante esos 16 años, el sistema de cuentas individuales –abiertamente promocionado, sin debate alguno por Peña Nieto– “sólo ha creado” Afores multimillonarias y miles de trabajadores pobres “al momento de su retiro”. A este “ritmo de pérdida”, agrega, “muchos más” no alcanzarán siquiera a contar con la Pensión Mínima Garantizada.
En esos 16 años, las Afores ganaron 210 mil 76 millones de pesos sólo “por el cobro de comisiones” a los trabajadores y consolidaron utilidades netas hasta por 70 mil 711 millones de pesos. Muy diferente es la suerte de los trabajadores, dueños de los fondos pensionarios “que sólo pierden”. En los recientes cinco años, a partir de la crisis de 2008, las minusvalías debidas a la caída de las inversiones en que se usan sus recursos, provocaron “pérdidas” por 803 mil millones de pesos del ahorro de los trabajadores ( La Jornada, 31.12.13).
Otro estudio realizado por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados ( Reforma, 23.10.13) confirma que –cumpliendo con todos los requisitos: mil 250 semanas de cotización y 65 años de edad–, sólo 6 por ciento de las cuentas registradas en el SAR “podrían” alcanzar una pensión con el esquema Afore. Del total de cuentas administradas (cerca de 50 millones), apenas unas 3 millones de personas con cuentas individuales estarían “en posibilidades” de pasar a retiro con el sistema privatizado por Zedillo y Calderón.
¿Dónde quedan los beneficios de estos “derechos de propiedad” estructuralmente disminuidos respecto al sistema pensionario anterior a Zedillo y Calderón?
Pasando por encima de toda esta evidencia, Peña Nieto montó la estructura de su micropensión y seguro de desempleo temporal no universales, así como sus ya aprobados cambios constitucionales, sobre esa base minada del SAR, sin siquiera atreverse a debatir los riesgos y saldos de la comprometida privatización pensionaria.
Peña ha descontado la urgencia de este debate inaplazable porque –después de la reforma laboral de noviembre 2012 que devasta severamente las bases de financiamiento de la seguridad social, especialmente para los jóvenes– su programa sexenal ha optado por sustituir la seguridad social integral por una “protección” social mínima. Con esa mira, el secretario Navarrete Prida signó un Convenio de Cooperación con la OIT (junio 2013) para “promover la aplicación de pisos de protección social básica”, avalado por la UNT y la CTM. Guy Ryder, responsable de OIT, considera que “no hay receta mágica. México tendrá que buscar sus soluciones” ( Reforma, 16.11.13).
Es claro que el “nuevo” PRI-Peña es incapaz de hacer el debido corte de caja a que estaba obligado, después de 12 años de administraciones panistas y que le correspondía como “segunda” oportunidad de alternancia. La bomba y sus correspondientes rescates, le explotará al siguiente gobierno.
Por lo pronto, Peña se lava las manos para seguir alimentando su idilio, mientras sólo ofrece bocetos de “nuevos derechos sociales mínimos”, como la micropensión y el seguro de desempleo no universales, que recortan prestaciones y elevan impuestos.
