Funcionario de la Cepal llama a abstenerse de usar la mano dura
Fernando Camacho y Arturo Jiménez | Periódico La Jornada | Sábado 18 de enero de 2014, p. 7
César Pérez Verónica, director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), afirmó que la situación de violencia en Michoacán pone en evidencia no sólo el abandono que por muchos años sufrió esa entidad, sino también la condición de “Estado fallido” de México, que puede llevar a otras regiones del país a tomar la seguridad y otros aspectos de su vida en sus manos.
Por su parte, Hugo Beteta, director de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), comentó que el principal problema en Michoacán no es su economía sino la violencia, por lo que es necesario “entender la compleja dinámica que ahí se presenta y resistirse a las tendencias a la mano dura”.
“Se requiere un abordaje delicado y con mucho conocimiento del terreno”, agregó Beteta, luego de firmar con el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Salvador Vega y León, un convenio marco de cooperación entre la Cepal y esa casa de estudios.
Jesús Carmona, secretario técnico de la organización de derechos humanos Respuesta Alternativa –con sede en San Luis Potosí–, consideró que la decisión de varios grupos de civiles de armarse para defender su vida puede ser ilegal, pero no inmoral ni ilegítima, tomando en cuenta las omisiones del Estado mexicano en tareas sustantivas como brindar seguridad.
Según Pérez Verónica, “actualmente vemos a una población que a todas luces califica lo que ve como un Estado fallido, por haber tenido la necesidad de usar las armas para defender su vida, su patrimonio y su integridad y hacer frente a los desplazamientos, los asesinatos y la inseguridad en general”.
Ante las comunidades que están ejerciendo su “derecho legítimo” a defenderse debido a la ineficacia de las autoridades del país, agregó, el gobierno responde con una estrategia de seguridad pública muy similar a la de Felipe Calderón, lo cual abre la posibilidad de que sigan ocurriendo abusos contra la población civil en medio de la impunidad.
Mientras, Carmona planteó: “Lo que sucede es que estamos ante un vacío de poder. Hay un Estado ausente o cómplice (del crimen organizado), y frente a ello pueden surgir nuevos grupos de autodefensa en estados con un tejido social bien organizado, como Oaxaca y Guerrero”.
Enfatizó que el nivel de violencia de un conflicto no puede ser pretexto para que el Ejército haga uso desproporcionado de la fuerza contra la población civil, como ocurrió en Antúnez, Michoacán, donde al menos dos personas fueron asesinadas por militares.
Fuente: La Jornada
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