Gustavo Leal F.* | Opinión-La Jornada
Aprobada en noviembre de 2012 con impactos más que severos sobre la salud y la seguridad social –especialmente para los jóvenes–, la reforma de Peña Nieto sigue sin mostrar las ventajas” que le atribuyeron sus entusiastas publicistas. Al asumir nuevas figuras de contratación, afectó definitivamente los tipos de cotización –de los jóvenes– que les demandan los institutos nacionales de la seguridad social (IMSS e Issste) para otorgar acceso a sus catálogos de prestaciones, además del impacto sobre las propias finanzas institucionales. El cuadro vigente de prestaciones, pensiones y salud no podrá ser financiado adecuadamente, efecto que potenciará la tercerización – outsourcing–, cuyo reglamento aún aguardamos. Se reduce el costo de la fuerza de trabajo y se permite que en una misma empresa coexistan trabajadores con las mismas funciones pero con salarios y prestaciones diferentes.
Además, la nueva ley Peña perdió el carácter tutelar que animaba la de 1970 y no incorpora en su cuerpo los artículos que atendían la Tabla de Enfermedades de Trabajo y la Tabla de Valuación de Incapacidades Permanentes para convertirlas, ahora, en una clasificación meramente administrativa donde pierden el carácter de derechos laborales básicos.
La ley incrementa las intensidades de la jornada de trabajo con menos derechos, mínima protección social, pensiones a la baja y servicios de salud cada vez más compactados. La calidad de los empleos es precaria, cuando mejor. La ley no construyó una combinación equilibrada y moderna entre protección social y nuevo entorno laboral, que es lo que se requería. Dinamitó el arreglo del siglo XX. Pero no está en el XXI. Hunde el soporte financiero y la misión cohesiva de la salud y seguridad social de los mexicanos.
La más reciente información sobre el “dinamismo” (informalidad), alta rotación e inestabilidad del mercado laboral al cargo de la STPS, traza un paisaje dramático. Al decir de la subsecretaria Flora Patricia Martínez Cranss: anualmente 6 millones de personas salen y entran del mercado formal, mientras apenas 15 por ciento (o menos) de los ocupados permanecen más de dos años en el empleo.
En mercados laborales maduros este dinamismo podría ser venturoso, de asociarse con segmentos innovadores. Que no es el caso de México, donde, como resultado del desempleo, se vacía sobre el sector informal con menos salarios y más baja productividad.
En el análisis de Martínez Cranss se confirma también que de los 42 millones de trabajadores que conforman la población económicamente activa, cerca de 32 millones (el 76 por ciento) sobreviven con ingresos menores a tres salarios mínimos. Y hasta 44 por ciento de quienes buscan trabajo dilatan entre una y cuatro semanas en encontrarlo, aunque hasta un 30 por ciento pueden tardar hasta un año en alcanzarlo.
Por Peña se determinó que los patrones pueden contratar a prueba por 30 días y rescindir el contrato sin responsabilidad patronal si el joven contratado no cumple con los requisitos y conocimientos para cumplir con el trabajo encomendado en el plazo. Para puestos con mayor responsabilidad, el contrato podría extenderse hasta 180 días.
Los contratos de capacitación inicial entrenan al joven durante tres meses para labores generales y hasta seis para niveles de dirección. Pero, de no desplegar competencias para asumir el encargo, se rompe el contrato sin derecho a indemnización.
Ambos contratos deben constar por escrito, mostrando todas las prestaciones, salarios del puesto y seguridad social. Son improrrogables y ningún joven puede aplicar por ellas simultáneamente y sucesivamente. Además, el patrón está obligado a pedir la opinión (no vinculatoria) de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en empresas de más de 50 trabajadores.
En el marco de la ley Peña, para Tomás Natividad Sánchez, presidente de la Comisión de Reforma Laboral de Coparmex, está claro que “quisimos hacer un bonito caballo y salió un camello lleno de bolas”. Las nuevas figuras de contratación, “que iban a tener un impacto definitivo en la generación de empleo formal, han tenido un mínimo impacto” ( Reforma, 28/4/13).
“Los contratos a prueba ya se usan, en algunos casos, para violar derechos laborales. No les dan seguridad social”, opina José Máximo Xochipa, de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Trabajadores.
Por su parte, el abogado laboralista Miguel Angel Liceaga Galván estima que “las jurisprudencias vendrán a enmendar el trabajo de los legisladores”. Mientras que Juan Antonio Loredo, de la firma Legal Laboral Abogados, considera “insuficientes” a los inspectores del trabajo para vigilar que las empresas cumplan con las normas de seguridad.
En suma: el camello lleno de bolas, ese nuevo bebé del PRI-Peña, no garantiza los resultados “espectaculares” que constituyeron el alma de su propagandización: ni “reducción” del desempleo, menos el “aumento” de la productividad ni, aún menos, la “mejora” en la calidad de vida de los trabajadores.
Pero sí inserta a México en la lógica global de los mercados de trabajo donde, al decir del estudioso Carsten Sorensen, lo que imperará en el futuro cercano será “controlado” por las máquinas. Los servicios serán “automatizados y de autoservicio”. Los trabajos del mañana serán los que “sirvan” a esa maquinaria y relacionados con la innovación. Un “nuevo” sector manufacturero armado con firmas pequeñas y tecnologías de punta. ¿Ese es el futuro de la “democratización” de la productividad que publicita Peña Nieto? ¿Un futuro para una juventud precarizada?
