A días de que se vote la reforma energética, la protesta social ha sido criminalizada. Con reformas constitucionales y a las leyes secundarias, el Congreso le ha dado un poder enorme a Peña Nieto. Ahora, la suspensión de garantías es mucho más sencilla y los manifestantes pueden ser detenidos por “terroristas”. Esta es la forma de actuar de gobiernos autoritarios, aseguran legisladores de izquierda: “Ahora es la reforma energética, mañana puede ser usada contra los maestros, los grupos de autodefensas…”
8 diciembre 2013 | Jesusa Cervantes | Proceso
Mientras en el Senado de la República el PRI y el PAN negocian la reforma energética, en paralelo y en sigilo, diputados de esos mismos partidos confeccionan leyes secundarias para inhibir y criminalizar las manifestaciones. Incluso planean facilitarle al Ejecutivo federal la declaratoria de “suspensión de derechos y garantías” ante protestas que impliquen “perturbación grave de la paz pública”.
Legisladores de izquierda acusan que las cartas están echadas para que reviva el PRI autoritario. “El 3 de diciembre se aprobó la Ley contra el Terrorismo que criminaliza la protesta social; después, la madrugada del 6 de diciembre, entregan al presidente la facultad para decidir por sí solo suspender garantías, y el próximo martes avalarán una nueva ley contra manifestaciones”.
El diputado perredista Roberto López Suárez –que votó en contra de las dos primeras leyes y alerta sobre la tercera– sostiene que la dupla PAN-PRI se ha puesto de acuerdo para mandar un mensaje a la opinión pública: “Si se manifiestan contra la privatización del petróleo serán sancionados o catalogados como terroristas”.
Para la legisladora del PT Loretta Ortiz Ahlf, desde la Cámara de Diputados se pretende “pavimentar” un camino que “frene” cualquier manifestación provocada por la entrega de “licencias acotadas a grupos internacionales en la explotación de hidrocarburos o cualquier otro motivo que genere malestar social”.
En consonancia con esos legisladores, el diputado federal por MC Ricardo Mejía Berdeja advirtió la madrugada del viernes 6, durante la aprobación sin debate de la reforma política, que “se debe ver todo el conjunto de leyes. Es todo un entramado de restauración, endurecimiento, antidemocracia y pérdida de derechos”.
Fácil, la suspensión
Las leyes se han ido armando, paso a paso, en una lógica “represiva y autoritaria”, dice López Suárez.
Hay que analizar en qué contexto se aprueba la ley contra el terrorismo, pero sobre todo, añade, lo sucedido la madrugada del viernes 6 cuando, dentro de la reforma político-electoral, se aceptó modificar el artículo 29 de la Constitución, que nada tenía que ver con los temas que se votaban: era un asunto de seguridad nacional que no estaba a discusión.
Hasta ese día, el citado artículo establecía que, ante casos de “invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión… podrá restringir o suspender… el ejercicio de derechos y garantías”.
Ahora, merced a los cambios aprobados en el Senado y en la Cámara de Diputados, Enrique Peña Nieto no requerirá de la opinión del procurador, el secretario de Gobernación, el encargado de las fuerzas armadas, el titular de la Marina ni de la Policía Federal antes de pedir al Congreso que lo autorice a suspender garantías y derechos ciudadanos.
“No tiene nada que ver el artículo 29 con la reforma política y electoral. No entiendo por qué lo hicieron, a menos que justo cuando está más álgida la discusión y a punto de aprobarse la reforma energética, con miembros de Morena afuera del Senado y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en contra de ello, se pretenda enviar un mensaje de autoritarismo. Es todo un paquete”, advierte el diputado López Suárez.
Mejía Berdeja, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, alertó al resto de los diputados cuando se puso a consideración el citado artículo: “No podemos dar un cheque en blanco a favor del autoritarismo, a favor de leyes que en apariencia fortalecen derechos y garantías pero que en nuestra opinión son parte de todo un andamiaje de endurecimiento del régimen”.
La diputada Loretta Ortiz dijo no entender por qué retirar el respaldo del gabinete “en un tema tan delicado como suspender garantías y derechos de la población, ya sea en todo el país o en un territorio determinado”.
“Sólo puedo leer dos intenciones”, dice. “Una es que quieran dar muestras de un presidente omnipotente, imperial, deificando la figura, o que el Ejército y la Marina, así como las policías, hayan pedido el deslinde de responsabilidades ante actos que deriven de la suspensión de garantías.”
Ortiz Ahlf explicó que cuando se suspenden los derechos pueden presentarse, incluso, “crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio. Me parece que el haber quitado la responsabilidad al procurador y al gabinete para la suspensión obedece más a crear ante la población la imagen de un presidente todopoderoso que inhibe acciones en contra de sus decisiones”.
Calladitos se quejan más bonito
El joven Jorge Francisco Sotomayor Chávez es diputado federal por el PAN, y desde el inicio de la actual legislatura, un impulsor de la coerción a la protesta social.
A unos días de que concluyera el segundo periodo ordinario de sesiones, el 5 de abril de 2013, presentó ante el pleno una iniciativa para modificar el Código Penal Federal. Buscaba imponer de 10 a 20 años de cárcel y la suspensión de los derechos políticos hasta por 10 años a quien realizara actos que “perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos, utilizando sustancias tóxicas, inflamables o explosivas”.
Su afán se detuvo el pasado 30 de octubre, cuando la Comisión de Justicia desechó su propuesta. En cambio, se aprobó la nueva ley contra el terrorismo, donde la manifestación podía elevarse a la categoría de “delito de terrorismo”.
El interés del panista, respaldado por su coordinador, Luis Alberto Villarreal, no paró ahí. El 3 de octubre de 2013 presentó al pleno otra iniciativa similar, la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal.
Inmediatamente, la Mesa Directiva turnó el documento a la Comisión del Distrito Federal. Luego de un mes de reclamos de la oposición, encabezada por la diputada Ortiz Ahlf, el 30 de octubre se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para que fuera dictaminada en comisiones unidas.
El pasado 3 de diciembre, mientras el pleno de la Cámara de Diputados aprobaba la ley contra el terrorismo, la propuesta panista de Sotomayor Chávez era dictaminada a favor en la Comisión del Distrito Federal.
La presidenta de dicha comisión, Laura Barrera Fortoul, es hija de un destacado priista del Estado de México, Heriberto Barrera Velázquez, integrante del Grupo Atlacomulco. Él forma parte del círculo de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto. De hecho, entre 2005 y 2008, su hija Laura fue secretaria de Turismo mexiquense. Durante su gestión se promovió el polémico espectáculo de luz y sonido en las pirámides de Teotihuacán.
Durante un año, Alfredo del Mazo la sustituyó en ese cargo, pero Laura Barrera regresó a la Secretaría de Turismo.
El dictamen que avaló no contempla nuevos tipos penales, pero sí establece multas y arrestos administrativos hasta por 36 horas a quien “impida de cualquier forma el uso de las vialidades o el libre acceso de las personas a sus centros de trabajo, y realizar acciones que alteren el orden público durante el desarrollo de las manifestaciones”.
Con esa redacción, buena parte de las protestas en la Ciudad de México pueden terminar con encarcelados al “alterar el orden público”.
Desde la misma definición de “manifestación” planteada en la iniciativa se le da un toque de reclamo. “Manifestación: la concurrencia concertada y transitoria de personas en espacios públicos con alguna finalidad lícita determinada, que podrá ser de carácter político, social, cultural y recreativo, y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y la tranquilidad de la población de la ciudad”.
Lo dicho contradice la exposición de motivos del dictamen, que establece: “Cualquier intento de criminalizar o prohibir la protesta es inadmisible”. Ahí dice que la ley sólo pretende “regular” las marchas.
El texto, de hecho, recuerda un término que el movimiento del 68 intentó eliminar: el delito de “disolución social”.
En el artículo 5 de la ley, párrafo segundo, se establece que se podrá “disolver una manifestación”, pero no aclara cómo, ni con cuál medida o fuerza.
“Queda prohibido a los manifestantes emplear violencia en contra de las personas y sus bienes, intimidar o amenazar a la autoridad, así como bloquear las vías primarias en el Distrito Federal, pudiendo en dicho caso la autoridad podrá (sic) disolver la manifestación.”
También en el artículo 16 se autoriza a “disolver la manifestación” cuando la gente que participe porte armas, “tenga comportamientos violentos que produjesen notorias perturbaciones al orden público o cuando pongan en riesgo la integridad física de las personas o causen perjuicios materiales en bienes públicos o privados”. Las autoridades decidirían cuando se cumplirían esos supuestos. El margen para la discrecionalidad se acrecienta, al definir que el descontento deberá “no ser contrario a las buenas costumbres”.
La iniciativa prohíbe marchas, plantones o bloqueos en las vías “primarias” de la ciudad y sólo se podrán realizar de 11 de la mañana a seis de la tarde.
El dictamen será votado por la Comisión de Derechos Humanos el martes próximo. En caso de aprobarse inmediatamente pasaría al pleno de la Cámara de Diputados… justo cuando en el Senado estaría aprobándose la reforma energética.
“Ahora es la reforma energética, mañana puede ser usada contra los maestros, los grupos de autodefensas, gente que se manifieste contra la mala economía del país, o cualquier otra reforma que les afecte”, afirma la petista Ortíz Ahlf y coincide el perredista López Suárez. Es la forma de actuar, recuerdan, de gobiernos autoritarios.
