Miguel Ángel Velázquez - Ciudad Perdida
Más nos vale hacer bien
las cuentas en eso de que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos,
pero en manos de compañías privadas. Ninguna de las promesas de
desarrollo y bienestar para la población a partir de la venta de los
bienes del país se ha cumplido. Durante 30 años, la política que ha
permitido la transferencia de la riqueza nacional a las manos de la
iniciativa privada, sólo ha conseguido la creación de gigantescos
capitales, gigantescas masas de gente empobrecida y gigantes conflictos
sociales.
En la entrega anterior ofrecimos una serie de datos que dan cuenta de cómo se ha construido la desgracia del país, que se quiere aliviar con la misma receta, sólo que ahora con la única riqueza natural que le queda a México: el petróleo. Y en contra de ese otro intento de asestar el último golpe a la posibilidad de reconstruir el país con el pleno uso de sus recursos, una buena cantidad de ciudadanos, con y sin partido, se han lanzado a las calles de la ciudad de México a informar, mediante volantes o a gritos, como se pueda, del significado del plan de la desgracia.
Los ejemplos de lo que hoy sucede con Pemex, con base en datos duros, no sostiene el proyecto de Peña Nieto. Más allá de lo que cuesta al país la corrupción en Pemex, la que difícilmente puede ser cuantificada, están las trampas que se instrumentaron para escamotear a la gran mayoría de mexicanos recursos multimillonarios, que en alguna cuenta bancaria deben estar, pero que no engrosan el erario nacional.
La Auditoría Superior de la Federación logró saber con certeza que Pemex tiene 39 filiales en diversas partes del mundo que no rendirían cuentas a ninguna instancia de gobierno, bueno, ni siquiera a Pemex, y halló que sólo una, que existe en el papel en Holanda, obtuvo ganancias por más de 400 mil millones de pesos, que se contabilizaron en una tesorería paralela a las oficiales, y que no se sabe dónde o en manos de quién están.
Así pues, aquello de primero limpiemos Pemex debería ser la tarea más importante de todos los que miran en la venta de la riqueza petrolera la solución a la problemática de la paraestatal. Esto porque si se juntan, es decir, si se suman los recursos que se van vía la corrupción, como decíamos al principio, tal vez no habría necesidad de conseguir esos dineros que hacen falta y que hoy sólo se ven en las cuentas bancarias de los miembros de la iniciativa privada.
Y no estaría de más echar un ojo a lo que pasa con la minería
en el país, porque tal vez allí podríamos mirar de cerca lo que podría
pasarnos, aunque para muchos esa comparación sea extrema o inaceptable. Y
es que casi una cuarta parte del país, algo así como 52 millones de
hectáreas, se han concesionado a la iniciativa privada, que
prácticamente no paga nada, ni a la Secretaría de Hacienda ni a los
dueños de las tierras de donde extraen oro y plata, entre otros
minerales.
Hoy existe la posibilidad de cambiar la ley minera, que viene de los
tiempos negros del gobierno de Carlos Salinas, y es posible que el
cambio no se pueda dar por la fuerza de las compañías mineras. Pero
bueno, se trata de que los dueños peguen, haga usted las cuentas, 5 por
ciento en impuestos, y eso, simplemente, no se debe permitir, según las
empresas. Nada más 5 por ciento.
Lo grave es que en casi todos los lugares donde se realiza la
explotación de los minerales se han ido construyendo grandes conflictos
sociales que ponen en riesgo, día con día, la paz del país. Sí, tal vez
el ejemplo vaya al extremo, tal vez no quepa en esto de Pemex, pero sí
nos muestra hasta dónde son capaces de llegar quienes gobiernan para las
empresas privadas, y luego, como en el caso minero, pretenden corregir
exigiendo mendrugos, cuando ya nadie los respeta.
Por ello, cuando desde el Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera se
pone al lado de la ciudadanía, la gente siente confianza en el timonel,
porque así, a la hora de la tormenta, se está seguro de que el barco no
se perderá entre los engaños y la demagogia que arrecian el mal tiempo.
¡Aguas!
De pasadita
En el caso Heaven las indiscreciones que partieron del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal entorpecieron y
retrasaron aún más las investigaciones que hace la Procuraduría General
de Justicia capitalina, y cada vez se sabe menos de lo que realmente
sucedió con la desaparición de la docena de jóvenes, habitantes casi
todos de Tepito. La CDHDF ya recomendó, con sus instrumentos, al TSJDF
que cierre el pico, pero según nos cuentan el presidente del organismo
ni los ve ni lo oye. Ni modo.