miércoles, 6 de marzo de 2013

SSA ve crisis hospitalaria y laboral en seguro popular

"Afiliación a seguro se dio sin planeación"
6 marzo 2013 | Ruth Rodríguez | El Universal
Saturación de los servicios de salud federales, construcción de hospitales que operan al 60% y un problema laboral que implica a 65 mil médicos y enfermeras, son algunas de las herencias que la anterior admnistración dejó con el Seguro Popular, afirma la Secretaría de Salud.
En los últimos tres años, la afiliación desmedida de ciudadanos al Seguro Popular saturó los servicios de salud, tanto federales como estatales, por una falta de planeación, y provocó que se abrieran nuevos hospitales sin importar que ahora operen a la mitad de su capacidad por falta de personal médico, infraestructura y recursos para su mantenimiento.

Pero eso no es lo único. Luis Rubén Durán Fontes, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, explica que como parte de la herencia que recibieron del Seguro Popular, ahora también tienen que resolver la situación de 65 mil médicos y enfermeras, a quienes los estados de la República les prometieron que sus plazas serían regularizadas, porque actualmente se les paga mediante contratos de honorarios que se renuevan cada seis meses.

Durán asegura que se permitió que operaran hospitales sin la debida acreditación, con tal de que se atendiera a la población del Seguro Popular, que en los últimos tres años se incrementó en 10 millones, para llegar a un total de 53 millones de afiliados.

En el sexenio pasado, asegura el funcionario, se crearon mil 264 nuevos hospitales y centros de salud, entre los cuales algunos no operan a toda su capacidad porque no se consideró el gasto para la plantilla completa de personal médico y el gasto de operación de infraestructura.

Pero ahora, advierte, se trabaja para que todos los gobernadores y los secretarios de salud estatales regularicen esta situación, pues, de lo contrario, dichos hospitales perderán los recursos que se canalizan para atender a los usuarios del Seguro Popular.

La intención, agrega el funcionario, es garantizar que los recursos que se envían a los estados realmente se apliquen en materia de salud y no a otros fines, pues sólo así se logrará mejorar la calidad en los servicios.

En entrevista, Durán reconoce que los hospitales nuevos no tienen su plantilla de personal médico al 100%, pese a que el Seguro Popular envía fondos a los estados: 2 mil 800 pesos por cada afiliado, de los cuales 40% debe utilizarse en recursos humanos. A veces, por otras necesidades (de las entidades), no se termina de completar esa plantilla laboral o se contrata en otras condiciones.

¿Qué otras condiciones? —se le pregunta al funcionario.

Han contratado personal de salud que ha sido de confianza, que no está dentro de una estructura, que se le paga por honorarios, pero que sigue cargando con esa promesa de que se les tiene que regularizar su plaza de salud en cualquier momento.

Esa problemática, reconoce Durán, genera una presión social sobre los secretarios de Salud estatales, “y ellos tendrán que buscan recursos de momento para ir paleando esa necesidad de los grupos de médicos, enfermeras y de otro personal de salud, que presionan para que se les regularice”.

El médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, y quien durante varios años ocupó el cargo de director general de Promoción de la Salud, reconoce que la enorme cantidad de personas que fueron afiliadas en el sexenio pasado, no sólo provocó la saturación de los servicios, sino que los secretarios de salud estatales se vieron forzados a ponerle remedio a este asunto contratando a médicos eventuales por honorarios, cuyas plazas quedan irregulares.

Incluso comentó que el planteamiento de los secretarios estatales a Mercedes Juan López, titular de la Secretaría de Salud federal, durante la primera reunión del Consejo Nacional de Salud, fue pedirle que regularice 65 mil plazas, tema que “le corresponderá a la Secretaría de Hacienda”.

¿Se dejó de certificar a las unidades médicas?

Se volverá a retomar esto con más fuerza, a través de un órgano regulador de certificación de unidades y la acreditación de la Secretaría de Salud, que tenga la posibilidad de darle seguimiento a los recursos y buscar la manera de sancionar a quienes no cumplan con este requisito. En la primera ley nos quedamos con un vacío enorme de nuestros controles. Los recursos federales destinados a salud llegan directamente a las secretarías de Finanzas de estatales, y ahí les dicen [a los secretarios de salud]: ‘sí te doy, pero primero atiendo otra emergencia’.

¿Al hospital que no esté acreditado se le quitarán recursos del Seguro Popular?

Exactamente, ya no podrá aspirar a más recursos. Antes no se hacía esto por tanta afiliación que se hizo tan grande en los últimos tres años, que no podíamos darnos el lujo de sancionar hospitales y no darles recursos, razón por la que se hizo ahí un círculo perverso entre planeación, ejecución y puesta en marcha de infraestructura. Pero como ya tenemos 53 millones de afiliados, tenemos que estar a la altura de esta demanda.

El funcionario aclara que las unidades médicas no se cerrarán de la noche a la mañana, pero habrá inspecciones, se les dará un tiempo perentorio para que resuelvan sus focos rojos, y si no lo hacen se aplicará la sanción.

Sobre el abasto de medicinas asegura que sigue siendo un problema, pese a que se destinan 50 mil millones de pesos cada año, “por lo que bien vale la pena optimizar los recursos”.

Asegura que durante este sexenio se va a reordenar y a potenciar al sector salud con lo que se tiene. La meta —afirma— es lograr la universalización de los servicios, a través de la convergencia y la portabilidad, con el propósito de que los pacientes puedan tener acceso a cualquiera de las instituciones de salud.

Para ello, explica, se requiere de la participación y del compromiso de los tres niveles de gobierno, y de que la Secretaría de Salud vuelva a retomar la rectoría en las políticas de salud.

Por el momento se elabora un padrón que permitirá tener un orden en las afiliaciones, mismo que ha arrojado que hay 7 millones de mexicanos con doble cobertura, es decir, están en el Seguro Popular y en el IMSS u otra institución.

El funcionario comenta que para las nuevas obras hospitalarias a ejecutar en este sexenio (hay 40 solicitudes), el presupuesto completo debe prever su operación, recursos humanos y obra, “porque de lo contrario no se tendría manera de atender eso”.

Adelanta que se pondrán en marcha dos estrategias: en el área de Planeación, el Programa de Desarrollo Eficiente de Infraestructura Sectorial, llamado “Salud a tu alcance”, y en el área de Calidad, el Programa de Calidad Efectiva en los Servicios de Salud, “Process”. Ambos buscan mejorar el acceso y la calidad de los servicios.




Fuente: El Universal