A 85 meses del siniestro en la Mina 8,
Acertadamente empresas carboneras negligentes son sancionadas por la STPS
Enrique Peña Nieto tendrá que contestar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Pasta de Conchos.
El reciente 7 de marzo, falleció el carbonero José Francisco Alvarado de la Cruz, en una mina de arrastre de carbón, construida en la pared de un tajo abandonado. Es el primero del gobierno del Presidente Peña Nieto, a cien días de su administración.A la empresa responsable del siniestro, Armalz de Sabinas S.A. de C.V., se le señalaron 65 medidas de seguridad e higiene inexistentes en la Inspección realizada por la STPS a propósito de la muerte del trabajador. Por lo que, en medio de nuestra campaña RESCATAR A LOS VIVOS PARA HONRAR A LOS MUERTOS, lanzada hace un mes, consideramos urgente legislar bajo esa óptica ética y digna, de forma que en este tipo de minería se prohíba porque se utilizar tiros verticales como salidas de emergencia, lo que condiciona la salida de los trabajadores a operaciones realizadas desde afuera. Éstas supuestas salidas de emergencia son un recurso barato para ?simular? el cumplimiento de la norma (y en el caso que nos ocupa, ni siquiera estaba terminado). Una mina de arrastre, debe tener cañones paralelos que permitan que en caso de emergencia los trabajadores que estén en condiciones de hacerlo, puedan salir por sí mismos.
En el marco de la misma Campaña, resaltamos que el pasado 27 de febrero, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el Oficio No. D-162807-032013/118, haya notificado a la Promotora para el Desarrollo Minero (PRODEMI), las empresas a las cuales se les debía suspender el contrato de suministro de carbón:
Fósiles Minerales S.A. de C.V. (los mismos del Pocito BINSA donde murieron 14 mineros en 2011 y responsables con su grupo de empresas de otros 3 fallecimientos, contratantes de menores de edad y que dan de alta a los trabajadores una vez que fallecen; tienen un contrato de carbón de 25 mil toneladas, sin tener registro patronal, ni trabajadores registrados en el IMSS); y a MITROSA S.A. de C.V. (con un contrato de 20 mil toneladas y tan sólo 11 trabajadores de planta y 2 eventuales registrados en el IMSS), se les suspende el contrato por no tener ni obras generales de ventilación, ni salida de emergencia.
A Minera Siderúrgica de Coahuila S.A. de C.V. La misma empresa de la mina ?Lulú? donde murieron 4 trabajadores y no se liquidó a los trabajadores de forma legal (por lo que aún continúa el juicio contra ella), que tiene un contrato por 80 mil toneladas, que saca con tan sólo 61 trabajadores, el contrato le fue suspendido por no contar con los planos permanentes de las operaciones mineras; falta de plan de atención a emergencias y de procedimientos de seguridad e higiene por escrito.
A Minera Díaz S.A. de C.V., empresa que contrata menores de edad para trabajar; no registra o subregistra trabajadores; no tiene oficinas pero sí un contrato por 15 mil toneladas; a Carbonífera Manantial S.A. de C.V., que en noviembre de 2012, tenía registrados 6 trabajadores de planta y 36 eventuales y tiene un contrato por 55 mil toneladas; a Coal del Norte S.A. de C.V., que no tiene trabajadores registrados en el IMSS, pero sí un contrato por 77 mil toneladas; a Compañía Minera Targa S.A. de C.V., (contrato por 33 mil toneladas); a Compañía Minera Zapaliname S.A. de C.V. con un contrato por 310 mil toneladas y tan sólo 68 trabajadores registrados en el IMSS; a Extracciones Gontre S.A. de C.V., que en noviembre de 2012, no tenía trabajadores registrados en el IMSS, pero sí un contrato por 33 mil toneladas; a Genaro Quiroga Rivera, (que se dio de alta en la SHCP hasta el año 2003, y aún no tiene registro patronal, ni trabajadores registrados, pero sí un contrato por 15 mil toneladas de carbón; a Gupa de Sabinas S.A. de C.V., que desde el año 2010, sólo tiene 5 trabajadores registrados en el IMSS, pero sí un contrato por 20 mil toneladas; y a Minera Carbonífera del Noreste S.A. de C.V. (contrato de 12,500
toneladas); la STPS pide la suspensión del contrato con PRODEMI, del Gobierno del Estado, por no acreditar que cuentan con áreas de explotación de carbón, y/o trabajadores y/o se niegan a proporcionar información.
Por último, a Minera Don Beto, S.A. de C.V. (que no tiene registro patronal, ni trabajadores en el IMSS, pero sí un contrato por 15 mil toneladas); a Minera el Retoño S.A. de C.V. (6 trabajadores registrados en el IMSS y un contrato por 35 mil toneladas) y a Minera la Bonita S.A. de C.V. (que no tiene trabajadores registrados en el IMSS y aún así un contrato por 20 mil toneladas de carbón), se les suspendió el contrato porque sus centros de trabajo están fuera de
operación.
De modo que el reclamo de los dueños de las empresas y de los organismos que los representan ante PRODEMI, por la pérdida de empleos y la afectación económica a las familias, nos parece absolutamente condenable y poco serio, dadas sus irregularidades. Nadie puede generar empleos a costa de la vida de los trabajadores en operaciones mineras improductivas, peligrosas e ilegales.
La Promotora para el Desarrollo Minero (PRODEMI), del Gobierno del Estado de Coahuila, supuestamente había Auditado a todas sus empresas proveedoras. Esta orden de suspensión emitida por la Secretaria del Trabajo, prueba que PRODEMI no tiene ningún control sobre las empresas a las que les asigna contratos de carbón como lo hemos denunciado desde el año 2007. Pero además, de acuerdo a los oficios 1728 (17.12.12); D-125 (05.02.13) y D-162 (07.03.13), la Secretaria del Trabajo le ha solicitado, en tres ocasiones ?un listado de empresas o personas físicas que tengan registrados como proveedores de carbón mineral o de aquellos que haya ingresado solicitud para convertirse en proveedores de carbón mineral? y sin embargo, y a pesar de estar en riego la vida de los trabajadores, PRODEMI no entrega la información a la Secretaria del Trabajo, ni el Gobernador, C. Rubén Moreira, publicó según se había comprometido la Auditoria que ordeno a la misma PRODEMI.
Anunciamos que le ha llegado el turno al C. Presidente Enrique Peña Nieto de responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la tragedia en Pasta de Conchos, ya que su gobierno ha sido requerido, precisamente el 15 de febrero del año en curso, en el marco del 7º Memorial de lo ocurrido y que nos tiene, a 85 meses, con nuestra principal demanda y motivo mayor de reparación: dar sepultura a nuestros seres queridos, derecho a la verdad histórica y a la implementación de medidas de no repetición. El organismo para los derechos humanos del continente americano le ha solicitado las correspondientes observaciones con el plazo de un mes contado desde la fecha de la transmisión de la presente comunicación.
Mientras tanto, estaremos coordinando con la Senadora, Lic. Silvia Garza la visita que nos harán un grupo de senadores a la región carbonífera, tal como lo acordamos en el Senado de la República el pasado 20 de febrero. De igual manera, haremos la coordinación necesaria para la visita del Secretario del Trabajo, Lic. Alfonso Navarrete Prida.
Solamente a partir de la suma de voluntades, podremos dignificar el trabajo y la vida de los mineros del carbón y sus familias. La muerte de José Francisco, no debió suceder. Honrar la memoria de él y la de cientos de mineros del carbón fallecidos, nos obliga a salvar a los vivos implementando una solución integral, por lo que, esperamos que el C. Presidente, Enrique Peña Nieto atienda nuestro llamado y escuche a las familias del carbón para construir condiciones dignas y humanas para la región carbonífera, entre ellas el nuevo peritaje solicitado a la PGR por la STPS.
A UNA VOZ, ¡RESCATE YA!
ORGANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS,
CENTRO DE REFLEXIÓN Y ACCIÓN LABORAL (CEREAL) Y
