En febrero pasado el municipio de Monterrey lanzó una cruzada contra los centros de apuestas que operan irregularmente en esa ciudad; esto ocurrió luego de que la alcaldesa panista Margarita Arellanes, en una reunión con familiares de las víctimas de la matanza del Royale, se comprometiera a hacer justicia. Pero de inmediato surgieron voces que se quejaron, entre otras cosas, de que los establecimientos clausurados fueron los que no pertenecen al Zar de los Casinos, quien es señalado por su presunto financiamiento a las campañas de políticos del PAN.
domingo, 24 de marzo 2013 | Luciano Campos Garza | Proceso
MONTERREY, NL (Apro).- La alcaldesa panista Margarita Arellanes Cervantes se paró frente a los familiares de las víctimas de la matanza del casino Royale y ofreció una disculpa en nombre del ayuntamiento. La tarde del pasado 26 de febrero, en un acto en el Museo Metropolitano, reconoció que hubo negligencia de la autoridad municipal y afirmó que la mejor manera de honrar la memoria de los 52 fallecidos es hacer que la ley se cumpla.
Un día después emprendió la mayor campaña contra casinos que ha habido en la ciudad. En la misma jornada actuó contra 10 de ellos y exhibió la ilegalidad en la que han operado, pues carecían hasta del permiso de uso de suelo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) municipal.
Pero ya hay voces que acusaron a la alcaldesa de favorecer a Juan José Rojas Cardona, "El Zar de los Casinos", cuyos establecimientos no fueron tocados por la medida municipal.
Rojas Cardona, según fuentes consultadas por este semanario, aún está cerca del grupo encabezado por el exalcalde regiomontano y diputado federal Fernando Larrazábal; este grupo pretende, con ayuda del Zar de los Casinos, financiar a Arellanes —como ya lo han hecho con otros panistas— en su campaña rumbo al gobierno de Nuevo León en 2015.
La versión de que los casinos de Rojas Cardona no fueron tocados fue desmentida en entrevista por la secretaria del ayuntamiento, Sandra Pámanes Ortiz, quien dijo que en esta lucha no hay distinciones; para probarlo señaló que el Crystal Palace, uno de los centros de apuestas clausurados, es propiedad del Zar.
Pero el 26 de febrero, un día antes del operativo contra los casinos de Monterrey, Arturo Rojas Cardona —apoderado de la empresa Entretenimiento de México (Emex) y hermano del Zar— tramitó ante el juez segundo de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León, Javier Rubén Lozano, el amparo 390/2013, cuya copia tiene Proceso, para proteger los nueve establecimientos que tiene el grupo en Nuevo León.
Lozano le concedió protección federal a todos excepto el Crystal Palace, que falló en presentar su licencia de alcoholes.
Desde la Ciudad de México, subalternos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, han solicitado a los municipios nuevoleoneses un padrón de casinos, lo que ha provocado irritación en las alcaldías pues les demuestra que el gobierno federal no tiene idea de lo que ocurre con las casas de apuestas en el estado.
CRUZADA FEMENINA
La actual lucha del municipio contra los casinos está encabezada por cuatro mujeres: Además de Arellanes y Pámanes están la titular de la Sedue, Brenda Sánchez Castro, y la síndico segunda Irasema Arriaga.
En medio de la controversia por la proliferación de casas de apuestas en la capital de Nuevo León, Margarita Arellanes tuvo que responder personalmente a la recomendación 103/12 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos tras una investigación sobre las fallas administrativas que hubo antes, durante y después del incendio provocado en el casino Royale el 25 de agosto de 2011.
El crimen ocurrió en la administración anterior, pero la orden de la dependencia estatal fue que la disculpa la ofreciera quien está a cargo ahora, lo que le correspondió a Arellanes, quien forma parte del llamado Grupo San Nicolás dentro del PAN nuevoleonés, integrado por el exalcalde Larrazábal, el senador Raúl Gracia Guzmán y el exalcalde nicolaíta Zeferino Salgado, actual secretario de Organización adjunto del partido.
Al día siguiente de la disculpa, Pámanes, por un lado, y Sánchez Castro, por otro, emprendieron los cierres de los casinos.
Impusieron sellos en Caliente Gonzalitos, Caliente Valle Oriente, Caliente Garza Sada, Yak Plaza Cumbres, Royal Yak, Foliatti Mitras, Casino 909, Crystal Palace, California Palace y Miravalle Palace. Casino Golden e Isla del Tesoro fueron visitados por la autoridad, pero encontraron que ya estaban en desuso.
Ese mismo día, en un intento de transparentar el funcionamiento de las casas de apuestas, el municipio publicó en su página de internet la información de cada uno de los establecimientos que operan en Monterrey. Pero lo que se evidenció es que hay descontrol en la operación de estos lugares, que tienen amparos para seguir funcionando aunque algunos carezcan del permiso federal.
En la redada contra los 10 casinos, el Foliatti Mitras, propiedad de Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V., presentó un amparo promovido por el juez Javier Rubén Lozano, pero no pudo reabrir porque Protección Civil de Nuevo León ordenó otra clausura, ahora por considerarlo inseguro.
El municipio, extrañado, hurgó en sus archivos y encontró que el Foliatti Mitras no tenía expediente. Cuando el juzgado le mostró el permiso municipal exhibido para tramitar el amparo, encontró que era una falsificación con fecha del 3 de abril de 2009, firmada por Jesús Garza Gallardo, quien fue titular de la Sedue en la administración de Adalberto Madero.
Arellanes demandó al juez por amparar a un establecimiento que exhibió documentación apócrifa y presionó al Consejo de la Judicatura Federal para que investigara a Lozano. Irasema Arriaga, síndico segunda, presentó el lunes 11 la respectiva denuncia ante el Ministerio Público por la falsificación del permiso de uso de suelo.
El viernes anterior el cabildo regiomontano aprobó someter a consulta pública una modificación al Reglamento de Desarrollo Urbano, para incluir en su normatividad la prohibición a que se instalen casas de apuestas en el municipio.
Una fuente municipal dijo que cuando acabe la disputa por los casinos que carecen de permiso local, el ayuntamiento abrirá otro frente legal para investigar y sancionar a los establecimientos que tramitaron licencias apócrifas en el municipio y a los funcionarios que las expidieron.
En tanto, cuestiona al gobierno federal por no saber cómo es que operan tantos establecimientos en territorio regiomontano sin acreditar su respectivo registro ante la Dirección de Juegos y Sorteos de la Segob.
Un censo levantado a finales del año pasado por Gobernación indica que en Monterrey trabajan sin permiso federal y se desconoce a quién pertenecen los establecimientos Fortuna, Hollywood Entertainment, Hollywood Entertainment (Estanzuela), Poker City, California Palace, Club 909, Foliatti Mitras y Crystal Palace.
Según este censo, del Zar de los Casinos actualmente operan en Monterrey, con Emex, las casas de apuestas Palmas VW, Palmas Miravalle y Sports Zone Garza Sada. En todo el estado tiene 10 negocios del mismo giro.
Una fuente cercana a los casineros señala que tras la tragedia del Royale, Larrazábal intentó poner orden en los centros de apuestas. Pero tuvo que dar marcha atrás cuando el 31 de agosto de 2011 su hermano Jonás fue captado en video en el casino Red, recibiendo dinero en lo que parecía una extorsión.
MARGARITA Y ‘EL ZAR’
El coordinador regional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Libros Foráneos y Establecimientos de Diversión, Félix Coronado Hernández, acusó a la alcaldesa de eliminar a los competidores del Zar de los Casinos.
En entrevista con este semanario señala que es conocida la cercanía entre la presidenta municipal y el dueño de la cadena de casinos Palmas, al que no menciona por su nombre.
"Todo mundo lo dice. Es muy raro que los casinos de Juan Pérez sí estén funcionando y los otros no. ¿Por qué hasta ahorita los cierran? ¿Por qué pasaron muchas administraciones y hasta ahorita se ejecuta una acción así? Esto me da a entender que puede haber una plática que desconocemos nosotros", dice.
—¿Cree que están favoreciendo a las empresas de Rojas Cardona?
—Es lo que se ha visto. Que se mida con la misma vara a todos. ¿Por qué a ellos sí se les dio uso de suelo? ¿Por qué no se citó antes a los que cerraron para pedirles la documentación sobre uso de suelo?
Coronado, exdiputado local por el PRI, reprochó a Arellanes presionar al Consejo de la Judicatura para que influyera en el trabajo de los jueces, en este caso de Lozano, porque aparentemente había beneficiado a un casino.
Según Coronado, con los cierres de estos establecimientos hay 6 mil trabajadores afectados de manera directa y otros cuatro mil que reciben empleo indirecto por el funcionamiento de los centros de apuestas.
El martes 12 unos 50 empleados del Miravalle Palace, afectado por los cierres, acudieron al Palmas Miravalle, de Rojas Cardona, para hacer una clausura simbólica del lugar. Los trabajadores afectados dijeron que era injusto que éste tuviera sus puertas abiertas y el Miravalle Palace estuviera clausurado.
"Estamos pidiendo la clausura voluntaria del casino Palmas Miravalle. No se nos hace justo que ellos estén laborando y nosotros no. Vamos para 15 días (sin trabajar) y estamos en la incertidumbre, queremos saber qué va a pasar, queremos que esto sea parejo", señala una empleada entrevistada en el lugar.
Sólo en ese casino hay 520 personas que se quedaron sin su fuente de trabajo, dice la entrevistada.
A la misma hora otros 100 empleados del Miravalle Palace protestaron en la planta baja del Palacio Municipal.
Portaban cartulinas que decían: "Alcaldesa: Miravalle Palace apoya a madres solteras y estudiantes trabajadores", "Alcaldesa, no nos dejes sin trabajo", "Alcaldesa, somos mujeres como tú, necesitamos dar de comer a nuestros hijos". Pámanes recibió a Coronado y le notificó que los casinos no reabrirían, pero ofreció meter a los trabajadores desempleados a una bolsa de trabajo municipal.
Al terminar la reunión Coronado dijo que agradecía la oferta, pero consideró inviable que los empleados que representa entren a empresas donde ganarán a la semana 600 pesos, una cantidad que obtienen en una sola noche de propinas entre la clientela de un casino.
Y alertó que tantas personas desempleadas implican un riesgo social. "Le dijimos a las autoridades que hay una bomba en estos desempleados y que puede explotar. Como representantes de los trabajadores llegaremos a la última instancia institucional para defendernos. Necesitamos encontrar la mejor solución para ellos".
Sandra Pámanes niega, en entrevista, que el municipio proteja los intereses de Rojas Cardona: "Cuando hicimos el análisis de expedientes y de información, jamás hubo un planteamiento de revisar sobre ciertas empresas y descargar nuestra fuerza sobre algunas otras. Lo niego categóricamente y la prueba es que hay uno de esos establecimientos al que se le pusieron los sellos de clausura y así se mantiene. Es el Crystal Palace".
Aunque señaló que este local es propiedad de Rojas Cardona, en la página de Transparencia del municipio se establece que ese lugar es propiedad de la empresa Magno Operadora, S.A. de C.V., que tramitó licencia de uso de edificación para restaurante bar y videojuegos. Su administrador único es Manuel Galván Caldera y el permiso fue expedido el 18 de octubre de 2000 por el entonces titular de la Sedue, Esteban Bárcenas, cuando era alcalde el panista Jesús María Elizondo.
Extraoficialmente se señala que el Crystal es operado por Rojas, quien renta el espacio donde opera en la avenida Revolución, en la colonia Ladrillera, en el sur de esta ciudad.
En el pasado reciente se ha acusado a Rojas Cardona de financiar campañas políticas de panistas, desde la presidencial de Felipe Calderón hasta la de Gustavo Madero cuando buscó la dirigencia partidista.
‘UNA FARSA’
Por su parte, el abogado Juan Gómez Jaime consideró una farsa la campaña contra los casinos y aseguró que los asesores de la alcaldesa la exponen al ridículo pues, asegura, entre otras cuestiones legales deben saber que en algunos casos ya prescribió el término de cinco años dentro del que deben ser revocadas las licencias de uso de suelo, según los artículos 33 y 46 de la Ley de Justicia Administrativa de Nuevo León.
Explicó que en el caso del demandado Foliatti Mitras, al terminar este plazo prescriben los derechos del municipio para demandar en juicio contencioso la nulidad de las licencias.
En igual situación están los establecimientos que caen en ese mismo supuesto, pues fácilmente pueden alegar que fueron víctimas de un tramitador inescrupuloso, que les entregó un permiso municipal falsificado, del que el municipio inexplicablemente no se enteró.
Gómez Jaime cuestionó que la administración de Arellanes no se enterara de la ilegalidad de los permisos hasta ahora.
"Independientemente de que no resulte creíble que después de varios años de que el municipio recibió gustosamente los pagos de decenas de miles de pesos por los refrendos anuales de ese permiso presuntamente falso, repentinamente las autoridades descubrieron esa falsificación."
MONTERREY, NL (Apro).- La alcaldesa panista Margarita Arellanes Cervantes se paró frente a los familiares de las víctimas de la matanza del casino Royale y ofreció una disculpa en nombre del ayuntamiento. La tarde del pasado 26 de febrero, en un acto en el Museo Metropolitano, reconoció que hubo negligencia de la autoridad municipal y afirmó que la mejor manera de honrar la memoria de los 52 fallecidos es hacer que la ley se cumpla.
Un día después emprendió la mayor campaña contra casinos que ha habido en la ciudad. En la misma jornada actuó contra 10 de ellos y exhibió la ilegalidad en la que han operado, pues carecían hasta del permiso de uso de suelo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) municipal.
Pero ya hay voces que acusaron a la alcaldesa de favorecer a Juan José Rojas Cardona, "El Zar de los Casinos", cuyos establecimientos no fueron tocados por la medida municipal.
Rojas Cardona, según fuentes consultadas por este semanario, aún está cerca del grupo encabezado por el exalcalde regiomontano y diputado federal Fernando Larrazábal; este grupo pretende, con ayuda del Zar de los Casinos, financiar a Arellanes —como ya lo han hecho con otros panistas— en su campaña rumbo al gobierno de Nuevo León en 2015.
La versión de que los casinos de Rojas Cardona no fueron tocados fue desmentida en entrevista por la secretaria del ayuntamiento, Sandra Pámanes Ortiz, quien dijo que en esta lucha no hay distinciones; para probarlo señaló que el Crystal Palace, uno de los centros de apuestas clausurados, es propiedad del Zar.
Pero el 26 de febrero, un día antes del operativo contra los casinos de Monterrey, Arturo Rojas Cardona —apoderado de la empresa Entretenimiento de México (Emex) y hermano del Zar— tramitó ante el juez segundo de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León, Javier Rubén Lozano, el amparo 390/2013, cuya copia tiene Proceso, para proteger los nueve establecimientos que tiene el grupo en Nuevo León.
Lozano le concedió protección federal a todos excepto el Crystal Palace, que falló en presentar su licencia de alcoholes.
Desde la Ciudad de México, subalternos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, han solicitado a los municipios nuevoleoneses un padrón de casinos, lo que ha provocado irritación en las alcaldías pues les demuestra que el gobierno federal no tiene idea de lo que ocurre con las casas de apuestas en el estado.
CRUZADA FEMENINA
La actual lucha del municipio contra los casinos está encabezada por cuatro mujeres: Además de Arellanes y Pámanes están la titular de la Sedue, Brenda Sánchez Castro, y la síndico segunda Irasema Arriaga.
En medio de la controversia por la proliferación de casas de apuestas en la capital de Nuevo León, Margarita Arellanes tuvo que responder personalmente a la recomendación 103/12 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos tras una investigación sobre las fallas administrativas que hubo antes, durante y después del incendio provocado en el casino Royale el 25 de agosto de 2011.
El crimen ocurrió en la administración anterior, pero la orden de la dependencia estatal fue que la disculpa la ofreciera quien está a cargo ahora, lo que le correspondió a Arellanes, quien forma parte del llamado Grupo San Nicolás dentro del PAN nuevoleonés, integrado por el exalcalde Larrazábal, el senador Raúl Gracia Guzmán y el exalcalde nicolaíta Zeferino Salgado, actual secretario de Organización adjunto del partido.
Al día siguiente de la disculpa, Pámanes, por un lado, y Sánchez Castro, por otro, emprendieron los cierres de los casinos.
Impusieron sellos en Caliente Gonzalitos, Caliente Valle Oriente, Caliente Garza Sada, Yak Plaza Cumbres, Royal Yak, Foliatti Mitras, Casino 909, Crystal Palace, California Palace y Miravalle Palace. Casino Golden e Isla del Tesoro fueron visitados por la autoridad, pero encontraron que ya estaban en desuso.
Ese mismo día, en un intento de transparentar el funcionamiento de las casas de apuestas, el municipio publicó en su página de internet la información de cada uno de los establecimientos que operan en Monterrey. Pero lo que se evidenció es que hay descontrol en la operación de estos lugares, que tienen amparos para seguir funcionando aunque algunos carezcan del permiso federal.
En la redada contra los 10 casinos, el Foliatti Mitras, propiedad de Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V., presentó un amparo promovido por el juez Javier Rubén Lozano, pero no pudo reabrir porque Protección Civil de Nuevo León ordenó otra clausura, ahora por considerarlo inseguro.
El municipio, extrañado, hurgó en sus archivos y encontró que el Foliatti Mitras no tenía expediente. Cuando el juzgado le mostró el permiso municipal exhibido para tramitar el amparo, encontró que era una falsificación con fecha del 3 de abril de 2009, firmada por Jesús Garza Gallardo, quien fue titular de la Sedue en la administración de Adalberto Madero.
Arellanes demandó al juez por amparar a un establecimiento que exhibió documentación apócrifa y presionó al Consejo de la Judicatura Federal para que investigara a Lozano. Irasema Arriaga, síndico segunda, presentó el lunes 11 la respectiva denuncia ante el Ministerio Público por la falsificación del permiso de uso de suelo.
El viernes anterior el cabildo regiomontano aprobó someter a consulta pública una modificación al Reglamento de Desarrollo Urbano, para incluir en su normatividad la prohibición a que se instalen casas de apuestas en el municipio.
Una fuente municipal dijo que cuando acabe la disputa por los casinos que carecen de permiso local, el ayuntamiento abrirá otro frente legal para investigar y sancionar a los establecimientos que tramitaron licencias apócrifas en el municipio y a los funcionarios que las expidieron.
En tanto, cuestiona al gobierno federal por no saber cómo es que operan tantos establecimientos en territorio regiomontano sin acreditar su respectivo registro ante la Dirección de Juegos y Sorteos de la Segob.
Un censo levantado a finales del año pasado por Gobernación indica que en Monterrey trabajan sin permiso federal y se desconoce a quién pertenecen los establecimientos Fortuna, Hollywood Entertainment, Hollywood Entertainment (Estanzuela), Poker City, California Palace, Club 909, Foliatti Mitras y Crystal Palace.
Según este censo, del Zar de los Casinos actualmente operan en Monterrey, con Emex, las casas de apuestas Palmas VW, Palmas Miravalle y Sports Zone Garza Sada. En todo el estado tiene 10 negocios del mismo giro.
Una fuente cercana a los casineros señala que tras la tragedia del Royale, Larrazábal intentó poner orden en los centros de apuestas. Pero tuvo que dar marcha atrás cuando el 31 de agosto de 2011 su hermano Jonás fue captado en video en el casino Red, recibiendo dinero en lo que parecía una extorsión.
MARGARITA Y ‘EL ZAR’
El coordinador regional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Libros Foráneos y Establecimientos de Diversión, Félix Coronado Hernández, acusó a la alcaldesa de eliminar a los competidores del Zar de los Casinos.
En entrevista con este semanario señala que es conocida la cercanía entre la presidenta municipal y el dueño de la cadena de casinos Palmas, al que no menciona por su nombre.
"Todo mundo lo dice. Es muy raro que los casinos de Juan Pérez sí estén funcionando y los otros no. ¿Por qué hasta ahorita los cierran? ¿Por qué pasaron muchas administraciones y hasta ahorita se ejecuta una acción así? Esto me da a entender que puede haber una plática que desconocemos nosotros", dice.
—¿Cree que están favoreciendo a las empresas de Rojas Cardona?
—Es lo que se ha visto. Que se mida con la misma vara a todos. ¿Por qué a ellos sí se les dio uso de suelo? ¿Por qué no se citó antes a los que cerraron para pedirles la documentación sobre uso de suelo?
Coronado, exdiputado local por el PRI, reprochó a Arellanes presionar al Consejo de la Judicatura para que influyera en el trabajo de los jueces, en este caso de Lozano, porque aparentemente había beneficiado a un casino.
Según Coronado, con los cierres de estos establecimientos hay 6 mil trabajadores afectados de manera directa y otros cuatro mil que reciben empleo indirecto por el funcionamiento de los centros de apuestas.
El martes 12 unos 50 empleados del Miravalle Palace, afectado por los cierres, acudieron al Palmas Miravalle, de Rojas Cardona, para hacer una clausura simbólica del lugar. Los trabajadores afectados dijeron que era injusto que éste tuviera sus puertas abiertas y el Miravalle Palace estuviera clausurado.
"Estamos pidiendo la clausura voluntaria del casino Palmas Miravalle. No se nos hace justo que ellos estén laborando y nosotros no. Vamos para 15 días (sin trabajar) y estamos en la incertidumbre, queremos saber qué va a pasar, queremos que esto sea parejo", señala una empleada entrevistada en el lugar.
Sólo en ese casino hay 520 personas que se quedaron sin su fuente de trabajo, dice la entrevistada.
A la misma hora otros 100 empleados del Miravalle Palace protestaron en la planta baja del Palacio Municipal.
Portaban cartulinas que decían: "Alcaldesa: Miravalle Palace apoya a madres solteras y estudiantes trabajadores", "Alcaldesa, no nos dejes sin trabajo", "Alcaldesa, somos mujeres como tú, necesitamos dar de comer a nuestros hijos". Pámanes recibió a Coronado y le notificó que los casinos no reabrirían, pero ofreció meter a los trabajadores desempleados a una bolsa de trabajo municipal.
Al terminar la reunión Coronado dijo que agradecía la oferta, pero consideró inviable que los empleados que representa entren a empresas donde ganarán a la semana 600 pesos, una cantidad que obtienen en una sola noche de propinas entre la clientela de un casino.
Y alertó que tantas personas desempleadas implican un riesgo social. "Le dijimos a las autoridades que hay una bomba en estos desempleados y que puede explotar. Como representantes de los trabajadores llegaremos a la última instancia institucional para defendernos. Necesitamos encontrar la mejor solución para ellos".
Sandra Pámanes niega, en entrevista, que el municipio proteja los intereses de Rojas Cardona: "Cuando hicimos el análisis de expedientes y de información, jamás hubo un planteamiento de revisar sobre ciertas empresas y descargar nuestra fuerza sobre algunas otras. Lo niego categóricamente y la prueba es que hay uno de esos establecimientos al que se le pusieron los sellos de clausura y así se mantiene. Es el Crystal Palace".
Aunque señaló que este local es propiedad de Rojas Cardona, en la página de Transparencia del municipio se establece que ese lugar es propiedad de la empresa Magno Operadora, S.A. de C.V., que tramitó licencia de uso de edificación para restaurante bar y videojuegos. Su administrador único es Manuel Galván Caldera y el permiso fue expedido el 18 de octubre de 2000 por el entonces titular de la Sedue, Esteban Bárcenas, cuando era alcalde el panista Jesús María Elizondo.
Extraoficialmente se señala que el Crystal es operado por Rojas, quien renta el espacio donde opera en la avenida Revolución, en la colonia Ladrillera, en el sur de esta ciudad.
En el pasado reciente se ha acusado a Rojas Cardona de financiar campañas políticas de panistas, desde la presidencial de Felipe Calderón hasta la de Gustavo Madero cuando buscó la dirigencia partidista.
‘UNA FARSA’
Por su parte, el abogado Juan Gómez Jaime consideró una farsa la campaña contra los casinos y aseguró que los asesores de la alcaldesa la exponen al ridículo pues, asegura, entre otras cuestiones legales deben saber que en algunos casos ya prescribió el término de cinco años dentro del que deben ser revocadas las licencias de uso de suelo, según los artículos 33 y 46 de la Ley de Justicia Administrativa de Nuevo León.
Explicó que en el caso del demandado Foliatti Mitras, al terminar este plazo prescriben los derechos del municipio para demandar en juicio contencioso la nulidad de las licencias.
En igual situación están los establecimientos que caen en ese mismo supuesto, pues fácilmente pueden alegar que fueron víctimas de un tramitador inescrupuloso, que les entregó un permiso municipal falsificado, del que el municipio inexplicablemente no se enteró.
Gómez Jaime cuestionó que la administración de Arellanes no se enterara de la ilegalidad de los permisos hasta ahora.
"Independientemente de que no resulte creíble que después de varios años de que el municipio recibió gustosamente los pagos de decenas de miles de pesos por los refrendos anuales de ese permiso presuntamente falso, repentinamente las autoridades descubrieron esa falsificación."
Fuente: Proceso
