Luego de que el gobierno y la iniciativa privada condenaran a las organizaciones de autodefensa, que han proliferado recientemente en un número creciente de estados y a las que consideran gérmenes paramilitares, el líder de uno de esos grupos en Guerrero, Bruno Plácido Valerio, se deslinda del crimen organizado o de la guerrilla y anuncia su disposición a trabajar junto con las autoridades. Pero advierte que mientras no se solucionen los problemas de inseguridad e injusticia, el fenómeno de las policías comunitarias va a proliferar en todo el país hasta salirse de control. Y le responde a Manuel Mondragón: “La mano que mece la cuna es la pobreza”.
domingo, 17 de marzo de 2013 | José Gil Olmos | Proceso
Después de que su grupo comunitario fue descalificado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sectores de la iniciativa privada, el líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Movimiento para el Desarrollo de la Paz Social (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, rechaza que se trate de una organización paramilitar o sea extensión del crimen organizado y reta al comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, a que aclare quién cree que está detrás de los grupos de autodefensa.
Mientras Plácido anuncia que ya se quitaron los pasamontañas y buscan legitimarse trabajando con el gobierno de Guerrero, la administración de Enrique Peña Nieto no sabe cómo controlar el problema de los grupos de autodefensa que se multiplican y extienden por nueve estados, donde ya hay más de 40 agrupaciones armadas.
El 26 de febrero Eduardo Sánchez, subsecretario de Gobernación, reconoció en conferencia de prensa la dificultad que tiene el gobierno federal ante la proliferación de los grupos de autodefensa ciudadana que hasta hace unas semanas eran 36 en ocho estados del país (Proceso 1895).
“El trabajo de nosotros es que se cumpla el estado de derecho en los dos sentidos (…) primero garantizar la seguridad (…) y que los ciudadanos que hoy han optado por la vía de organizarse a través de estas organizaciones de autodefensa, se les encauce al espacio adecuado para que pueda la participación ciudadana colaborar con las fuerzas del gobierno”, dijo.
Dos días después Mondragón y Kalb dio como explicación al crecimiento de estos grupos de autodefensa ciudadana la ayuda de grupos “no identificados” que los estarían manipulando.
“Creo que hay, en algunos casos, la mano que mece la cuna y el intento de aprovechar en un momento dado una situación. Lo que sí te puedo decir es que no están apegados a la Constitución, no se pueden en un momento dado aceptar”, aseguró.
En tanto, en su mensaje semanal, el 21 de febrero la cúpula empresarial manifestó que las brigadas de autodefensa podrían ser cooptadas o creadas por el crimen organizado, dar paso a grupos paramilitares y generar más violencia y violaciones a los derechos humanos.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, luego de reconocer que esos grupos son “producto de la desesperación ante autoridades rebasadas, ausentes, cooptadas o socias de los criminales”, pidió al gobierno actuar: “Estamos a tiempo de evitar que esas guardias se sigan multiplicando, que sean capturadas o inclusive creadas por el crimen organizado o intereses ajenos a las comunidades para generar una problemática fuera de control”.
En los hechos la proliferación de esos grupos es imparable. Sólo en la segunda semana de marzo aparecieron más en Michoacán, Morelos, Campeche, Chiapas, Veracruz y Guerrero.
El grupo de autodefensa de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, en el municipio michoacano de Buenavista Tomatlán, entregó al Ejército y a la Policía Federal a 21 personas que tenían detenidas desde principios de este mes, a quienes acusan de colaborar con Los Caballeros Templarios. Al mismo tiempo en Tepalcatepec el Ejército arrestó a unos 50 integrantes de ese grupo de policías comunitarios a quienes acusó de tener vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, lo que provocó la ira de la comunidad, que retuvo varias horas a los uniformados, hasta que intervino el gobierno estatal.
En el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, también apareció un grupo armado que el gobierno estatal trató de deslegitimar poniendo en duda la legitimidad de las fotografías publicadas en una revista local, donde se daba cuenta de su surgimiento. Éste se suma a los cuatro grupos de autodefensa que ya operan en Veracruz: los de Huayacocotla, Sierra de Zongolica, Acultzingo y Coxolitla de Arriba.
En tanto que en Acatempan, Guerrero, el jueves 14 marcharon un centenar de policías comunitarios armados con escopetas, encabezados por el coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, Arturo Campos Herrera, y vigilados por el Ejército.
En las localidades chiapanecas de Soconusco, Bella Vista, La Grandeza, Motozintla, El Porvenir, Bejucal de Ocampo, Mazapa de Madero, Escuintla, Frontera Comalapa, Chicomuselo y Acacoyagua se han manifestado otros grupos de autodefensa.
En Campeche, donde hasta el momento no se había expresado este fenómeno, el líder del Frente Campesino Emiliano Zapata, Antonio Che Cu, reunió el pasado jueves 14 a representantes de 24 comunidades de Escárcega y Candelaria para dar lugar a la primera policía comunitaria del estado.
Mientras que los habitantes de Temoac, Morelos, también manifestaron su intención de integrar un grupo de autodefensa ante la espiral de violencia y secuestros que se han registrado en la zona.
El tema, ingobernabilidad
Ante la proliferación incontenible de grupos de autodefensa y las amenazas a la gobernabilidad en distinta zonas del país, principalmente en el sur, el gobierno federal y el Poder Legislativo ya encendieron los focos rojos.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Omar Fayad, anunció la creación de un grupo de trabajo para abordar el problema. “Tiene que haber un estudio serio, tiene que haber un diagnóstico claro sobre lo que está ocurriendo en materia de policía comunitaria; no es un tema nuevo, quizá es un tema que se haya puesto de moda, (pero) de moda o no, tiene que ser atendido”, indicó.
Sin embargo advirtió que no ve ingobernabilidad “porque los grupos de autodefensa están localizados, están focalizados y lo que el gobierno federal tiene que hacer es verificar (…) que no haya grupos armados que se estén disfrazando de grupos de policía comunitaria”.
Por su parte el comisionado Mondragón, al tomar protesta el pasado 26 de febrero, manifestó: “Radicalmente, enfáticamente digo que en forma alguna la presencia de estos grupos denota o connota ingobernabilidad. Nuestro país es muy grande, nuestro país tiene millones de kilómetros cuadrados… tiene casi 120 millones de habitantes. La mayor parte de los habitantes del país viven tranquilos, la mayor parte de las entidades están en términos de tranquilidad también.
Erubiel Tirado, titular del posgrado sobre seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana y maestro en derecho por la London School of Economics, estima que está lejos la situación de ingobernabilidad en el país con la aparición de los grupos de autodefensa ciudadana, pero observa que mientras no haya una intervención del Estado, aumentan los riesgos de que crezca el fenómeno de las policías comunitarias.
“Está en función de la intervención del Estado. Si no lo hace, esto puede generar mayores problemas en los estados. El escenario es que se distorsiona la labor de la policía a nivel local o puede generar mayores conflictos, hacerse evidente si responden a intereses comunitarios o a poderes externos, como el crimen organizado y el narcotráfico”.
Advierte: “No estaríamos planteando un esquema de insurgencia armada, sino de algo diferente. Aunque no hay que olvidar que se están dando en zonas de influencia del EPR, de grupos armados. Si esta interfase se comprueba, entonces tendríamos un problema grave”.
Plácido rechaza que en la UPOEG haya presencia de algún grupo guerrillero, no obstante que en la zona de las comunidades que la integran haya huellas del EPR y antes del PROCUP-PDLP.
“Si hay gente que cree que pertenecer a una guerrilla es la solución, mis respetos, pero yo no puedo decidir sobre el destino de la gente para que se convierta en carne de cañón. No somos de los que mandan a la gente y luego nos sentamos a escribir la historia. Somos respetuosos de las decisiones, pero creemos que ya son otros tiempos. Quizá la guerrilla funcionó en otro momento, pero creemos que la revolución debe ser social, sin armas. Lo que buscamos es el desarrollo participativo, económico, intelectual, el desarrollo humano”, precisa el líder del grupo de autodefensa.
En entrevista con Proceso el indígena guerrerense afirma que de ninguna manera se les puede calificar de grupos paramilitares o al servicio de alguna banda del narcotráfico y mucho menos estar al servicio de cierto grupo político.
“No podemos usar a la gente para meterlos a un grupo paramilitar, es algo muy peligroso porque son grupos que prepara el Ejército, que les da armas y los utiliza para enfrentar a sus enemigos. Nosotros no somos grupos paramilitares. Nacimos y surgimos de una necesidad de la gente por los abusos de la autoridad y por la pobreza y el abandono del gobierno. Ese es el origen fundamental de movimiento”, apunta.
En el origen, la pobreza
Aunque desde 2011 ya se anunciaban los primeros grupos de autodefensa ciudadana en Michoacán y Morelos (Proceso 1803), no fue sino hasta el pasado 5 de enero cuando el fenómeno se detonó, con la aparición en Ayutla de los Libres, Guerrero, de comunidades armadas integrantes de la UPOEG.
Plácido es originario del pueblo de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, del que fue representante en la formación de la Policía Comunitaria de la Montaña en 1995, la primera de este tipo en la historia de los grupos de autodefensa ciudadana.
El indígena dice que el comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, está obligado a informar quién está detrás de los grupos de autodefensa ciudadana. Pero para él es claro que la pobreza y la inseguridad son el origen y el pivote del surgimiento de este fenómeno.
“De lo que dice Mondragón, que ya detectó la mano que mece la cuna, creo que es la pobreza, porque en esa cuna está un niño llorando de hambre, enfermo o huérfano. Esa es la mano, la pobreza, el abandono y la discriminación del gobierno”, sostiene.
Surgida como movimiento de autodefensa, la UPOEG, sostiene Plácido, ha pasado de proponer un sistema de seguridad permanente a uno de justicia, lucha contra la pobreza y desarrollo social.
“Ahora planteamos erradicar la pobreza entre todos, no sólo con una línea sino con varias para resolver el tema del desarrollo. Así como llega la delincuencia con un plan integral, de esa misma manera tiene que ser la respuesta para recuperar el tejido social, viendo la educación, el desarrollo de las comunidades, todo esto. Queremos ser sujetos de derecho y no objetos de la política pública”, afirma.
Esta organización, dice su líder, tiene presencia en siete municipios de la Costa Chica de Guerrero. Precisa que luego de presentarse con el rostro cubierto, ahora asegura que se han quitado cualquier cosa que los oculte para ser transparentes y despejar todas las dudas y suspicacias de que están financiados por grupos políticos o del crimen organizado.
A diferencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que desde que se formó en 1995 ha rechazado laborar junto con las autoridades municipales o estatales, la UPOEG sí está en la disposición de aceptar el apoyo oficial y trabajar coordinadamente en programas sociales de combate a la pobreza.
En respuesta a la opinión de académicos como Pedro Rodríguez Villalobos, de las universidades Autónoma de Guerrero y Americana de Acapulco –quien en una entrevista con La Jornada dijo que la UPOEG surgió para debilitar a la CRAC-PC–, Plácido invita a intelectuales e investigadores a que los acompañen a las zonas donde trabajan y constaten que la meta de la organización es coordinar esfuerzos para abatir la inseguridad, pero no sólo con más policías y armas, sino con programas de salud, educación y abatimiento de la pobreza.
“Nosotros queremos ser un movimiento transparente, no tenemos nada que esconder porque nada puede ser oscuro, sino transparente para ganar la confianza”, asegura.
–¿Qué opina de estas menciones de que pueden ser grupos paramilitares o apoyados por grupos políticos o del narcotráfico?
–Hay grupos que sólo dan una opinión sin conocernos, incluso hasta académicos que sólo dan una opinión sin saber; eso es un error porque deben conocernos antes de dar una opinión.
Integrante de la CRAC durante 10 años, rechaza las confrontaciones pero asegura que la diferencia es que la UPOEG tiene una agenda más amplia, no centrada en la seguridad.
Finalmente advierte que de no atenderse por parte del gobierno federal y de los estados el problema de la pobreza y la inseguridad, seguirán surgiendo grupos de autodefensa ciudadana en todo el país y la situación podría salirse de control.
Fuente: Proceso
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