En su último informe de gobierno, Felipe Calderón fue incapaz de reflexionar o de hacer autocrítica. Para él, los costos de sus erráticas políticas de seguridad (en vidas humanas, en recursos, en vulneración de las instituciones) se achican ante los grandiosos logros. Pero éstos, en su lógica, se reducen a uno: la decisión misma de combatir de frente al crimen organizado. Documentos obtenidos por la Ley de Transparencia confirman que Calderón nunca tuvo un diagnóstico ni contó con una estrategia para abatir sobre el país a las Fuerzas Armadas.MÉXICO, DF (APRO) .- En el Centro Histórico capitalino, los contingentes de la Primera Brigada de Policía Militar tomaron sus puestos desde el domingo 2. Se desalojó al ambulantaje, se puso un cerco formado con vallas y hombres armados en el Zócalo, se revisaron exhaustivamente las calles aledañas. Pino Suárez, Moneda, 5 de Mayo y 16 de Septiembre quedaron convertidas en exclusivos estacionamientos donde sólo se veían agentes de seguridad. Todo, para resguardar el Palacio Nacional.
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) protestó por la extinción de su fuente de empleo, Luz y Fuerza del Centro, de manera que el acceso de funcionarios e invitados sería por Correo Mayor, y hasta magnates como Emilio Azcárraga Jean llegarían tarde al acto oficial.
Tal despliegue de fuerza tenía como objetivo proteger a los poderosos personajes que la mañana del lunes 3 acudirían a escuchar el mensaje de Calderón con motivo del sexto y último informe de gobierno.
Flanqueado por su gabinete, los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como por la mayoría de los gobernadores, inició su discurso minutos después de las 10:00 horas.
"Sin duda han sido seis años llenos de desafíos, de momentos difíciles, algunos también muy dolorosos para todo el país. pero también han sido años en los que los mexicanos hemos mostrado temple y voluntad para salir adelante, en los que ha brillado la solidaridad y la valentía de nuestro pueblo; seis años de avances, algunos históricos, que son mérito y orgullo de todos los mexicanos", fue su introducción.
El eje temático central de su administración, Seguridad y Estado de Derecho, se tradujo en el discurso presidencial a su estrategia de combate al narcotráfico, que en el amanecer del sexenio llamó "guerra" y que en su mensaje del adiós describe como "un imperativo legal, político y moral: un imperativo categórico".
‘LA ESTRATEGIA’
Sin mayor soporte que su palabra, la explicación fue más o menos la misma que ha dado en los últimos dos años: "la evolución del fenómeno delictivo y la involución de las instituciones encargadas de combatirlo" eran las causas del problema; su gobierno, concluiría, ya revirtió esa tendencia.
En resumen, para Calderón el narcotráfico abrió el mercado del menudeo y las bandas empezaron a disputarse rutas y ciudades. Estados Unidos facilitó la compra de armas de asalto; algunas autoridades se corrompieron; los cárteles incursionaron en otros delitos; hubo impunidad.
Para enfrentar todo eso, el presidente describió "la estrategia": hacer frente a los criminales, modernizar y fortalecer las instituciones de seguridad, y reconstruir "el tejido social".
Explicó: "Pusimos en marcha operativos conjuntos en los estados donde la violencia criminal era ya intolerable. Hay quien sugiere que lo mejor hubiera sido no hacer nada y permitir que los delincuentes actuaran a sus anchas. Esas voces señalan que la violencia es culpa del gobierno por haber actuado contra los criminales. Nada más alejado de la realidad. La violencia es causada por las bandas criminales, en su ambición por controlar rutas y territorios para sus negocios ilícitos, no por el gobierno.
"Y donde se han realizado operativos federales ha sido en apoyo a las comunidades y a solicitud de las autoridades locales, que se han visto rebasadas por la delincuencia. La intervención federal no ha sido parte del problema, sino parte de la solución", expuso, y arrancó una de las 29 tandas de aplausos.
DIAGNÓSTICO FANTASMA
Desde hace tiempo Calderón ha repetido que hay quienes dicen que lo mejor era no hacer nada. Sin embargo, nunca ha explicado a quién se refiere ni cuál es el peso específico de quien piensa así en la toma de decisiones. La expresión genérica es utilizada para aludir hasta los movimientos pacifistas y, en general, a toda crítica.
Más allá de eso, la afirmación de que contaba con un diagnóstico al iniciar su administración es falsa. Tampoco tenía una estrategia desde 2006, cuando anunció las acciones de las fuerzas federales (policía y Fuerzas Armadas) para combatir al crimen organizado.
El pasado 22 de mayo, el periodista Daniel Lízarrága presentó en el programa Noticias MVS Primera Emisión, que conduce Carmen Aristegui, la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Presidencia de la República a dos solicitudes de acceso a la información sobre el tema.
Lizárraga pedía acceso a copias simples de los documentos y expedientes utilizados en el diseño de la estrategia para combatir a la delincuencia organizada, especialmente al narcotráfico, durante el gobierno de Calderón, es decir, a partir del 1 de diciembre de 2006.
La Sedena respondió que la información no existe y sugirió al periodista que enviara su solicitud a la Procuraduría General de la República (PGR).
A su vez, la Presidencia envió un archivo con 17 vínculos a direcciones de internet en los que se pudieron apreciar conferencias y programas de gobierno que recopilaban acciones, pero no entregó documentos oficiales que registraran la estrategia de seguridad.
Inconforme con la respuesta, Lizárraga presentó un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI). Durante la sustanciación del recurso, la Presidencia de la República defendió su respuesta original, afirmando que se trataba versiones finales de la estrategia.
Al aire en MVS, el periodista explicó: "Es decir, que tienen versiones finales de la estrategia pero la estrategia en sí no la tienen".
Conforme a lo anterior, no existe evidencia documental de que el gobierno de Felipe Calderón hubiera contado con un diagnóstico ni con una estrategia de seguridad al iniciar su administración.
LOS OPERATIVOS: APOYO O PRESIÓN
En la misma emisión del programa de Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga entrevistó al ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, quien confirmó que nunca habló con Calderón sobre la intervención militar en el inicio del operativo en 2006 y que nunca solicitó expresamente la presencia de soldados en la entidad.
En 2010, el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, describió reuniones del Consejo de Seguridad en las que se impusieron los criterios de Calderón —incluidos golpes en la mesa— para definir las políticas de colaboración.
Moreira dijo entonces que no hubo petición de presencia militar en su entidad y que el mandatario federal no consultó a los gobernadores sobre la participación de las Fuerzas Armadas ni la forma en que combatiría el fenómeno delictivo. Luego, cuando la violencia se desbordó, Calderón dejó solas a las autoridades estatales frente a la delincuencia.
A través de una solicitud de acceso a la información, el pasado 9 de abril este semanario solicitó a la Presidencia de la República la información relacionada con las solicitudes de los gobernadores de Michoacán, Chihuahua y Baja California para aplicar operativos militares en sus entidades entre el 1 de diciembre de 2006 y el 28 de febrero de 2007, período en que Calderón declaró la "guerra" contra el narco.
HUBO PETICIONES
Además, se pidieron los oficios en los que se solicitara la presencia del ejército en el resto de las entidades federativas durante la administración calderonista.
En respuesta, Presidencia entregó una síntesis de monitoreos en medios de comunicación, en la que algunos actores políticos y sociales se manifestaban a favor de la intervención del ejército o del gobierno federal.
Además, se envió copia de un acta del cabildo de Ciudad Juárez, Chihuahua, correspondiente a 2008 y en la que se autorizaba al alcalde a ausentarse para participar en una reunión de seguridad. Incluso facilitó un vínculo electrónico hacia los convenios de colaboración entre los gobernadores y el gobierno federal en 2008, donde se establecía la participación de las Fuerzas Armadas… pero ningún oficio de petición de tropas en las entidades hasta ese año.
Al no satisfacerse el pedimento de información, Proceso interpuso el recurso de revisión por el que fue abierto el expediente RDA 2022/2012, que fue resuelto el pasado 1 de agosto, revocando la respuesta original de la Presidencia e instruyéndola para que realizara una búsqueda exhaustiva en sus archivos.
Fue hasta el 29 de agosto pasado que la Presidencia entregó 16 oficios de ocho gobiernos estatales que piden apoyo federal, algunos expresamente de las Fuerzas Armadas, aunque no todos para operaciones masivas.
Entre los gobernadores que solicitaron dicha ayuda destaca el de Morelos, encabezado por el panista Marco Antonio Adame Castillo, pues de los 13 oficios, cinco son de él y en cuatro pide tropas. La primera solicitud de Adame está fechada el 10 de abril de 2010 y la última en marzo pasado.
El día 28 del mismo mes, el gobernador priísta de Durango, Jorge Herrera Caldera, también pidió mediante oficio el apoyo del Ejército para reforzar el Operativo Laguna Segura.
Y el priísta Eduardo Bours y el panista Guillermo Padrés tramitaron la presencia de militares en Sonora, pero con objetivos específicos y no en forma de operativos masivos: el 3 de junio de 2008 Bours solicitó colocar un dispositivo militar para vigilar el nuevo aeropuerto de Puerto Peñasco, en tanto que Padrés pidió el 28 de noviembre de 2011 que se instalara un puesto de revisión en una carretera de la zona limítrofe con Sinaloa.
FUERZAS FEDERALES, NO ARMADAS
El 14 de junio de 2010 el gobernador nayarita, Ney González, del PRI, requirió la presencia de Fuerzas Federales para combatir a la delincuencia. Pero no se refería a las Fuerzas Armadas, pues hasta entonces la designación de "Fuerzas Federales" se aplicaba a la Policía Federal, que contaba con militares comisionados.
El 25 de mayo de 2009 otro priísta, el entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, fue específico en su petición de tropas para combatir a la delincuencia organizada. Afirma que la solicitó desde el 1 de junio de 2008, pero dicha comunicación no fue incluida en la respuesta de la Presidencia a Proceso.
El único de estos oficios que admite el rebase de la autoridad local fue remitido por el gobernador panista de Aguascalientes, Armando Reynoso Femat, que clama por la acción del Ejército y las Fuerzas Federales para enfrentar a la criminalidad.
La petición de apoyo federal más antigua es del entonces gobernador perredista de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, pero no fue para requerir la presencia de soldados, sino ayuda para diseñar una "estrategia de blindaje" ante la violencia que dominaba las entidades vecinas.
Los oficios más recientes al respecto provinieron del mandatario potosino, Fernando Toranzo, entre mayo y agosto de 2012.
El presidente Calderón se ha quejado de que los gobernadores le escamotean apoyo por intereses políticos o por omisión. Sin embargo, en total fueron cuatro gobernadores del PAN, cinco del PRI y uno del PRD los que solicitaron la intervención militar.
Ninguno de los oficios fue enviado hasta 2008, cuando las operaciones de las Fuerzas Armadas ya se habían desplegado por numerosas entidades del país, entre ellas las más infestadas de violencia: Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Durango.
El lunes 3, en su mensaje, Felipe Calderón admitió que el problema más desafiante ("reto", lo llamó) ha sido el embate de la criminalidad y que tomará muchos años ver el fruto de sus esfuerzos, sobre los que hay muchas críticas y habrá más. Lo medular dijo, es que se tomó la decisión de enfrentar al crimen.
Fuente: Proceso
