sábado, 10 de septiembre de 2011

Diez años de corrupción y privatización en Pemex

Los negocios de Mouriño
Silencio del sindicato
10 septiembre 2011 | Moisés Castillo |  Siempre!
Entrevista a Ana Lilia Pérez / Periodista de investigación
México consiguió su peor calificación en la última década en materia de corrupción. En el Indice de Percepción de la Corrupción 2010 de Transparencia Internacional, quedó en el lugar 98 de 178 países, con una calificación de 3.1 en donde 10 es la máxima.
El sistema de justicia castiga tan sólo el 1.4 por ciento de los delitos que se cometen. Es un reflejo claro de la enorme desconfianza que los ciudadanos tienen para denunciar los delitos, un abismo real que existe entre autoridades y la sociedad.


Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la diferencia entre delitos cometidos y delitos efectivamente sancionados es del 98.4 por ciento. Es una cifra que alarma.

Dice el presidente Felipe Calderón que la impunidad en México es una lacra y por lo menos coincide con ese aumento de la corrupción desde la llegada del PAN al poder presidencial.

Vicente Fox prometió terminar con las víboras prietas y tepocatas y su entonces contralor Francisco Barrio aseguró que atraparía a los peces gordos. Nada de eso sucedió.

El ejemplo más emblemático y alarmante es el saqueo sistemático a Petróleos Mexicanos que es la empresa más importante del país y que otorga los mayores recursos al presupuesto público. La transa en Pemex salpica a todos por igual: desde funcionarios de alto nivel hasta trabajadores de las plataformas petroleras.

El caso de la familia Mouriño exhibió de manera irreversible a la actual administración. En marzo del 2008, el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, admitió que los contratos de servicio firmados entre Pemex y la empresa Ivancar —propiedad de su familia en la que fungía de apoderado— eran auténticos.

La periodista Ana Lilia Pérez destapó estas corruptelas en la revista Contralínea y que después en investigaciones posteriores reuniría en el libro Camisas azules, manos negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos (Grijalbo, 2010).

En el libro aparecen nombres como César Nava, Juan Camilo Mouriño, Marta Sahagún y sus hijos Manuel y Jorge Bribiesca, Juan Bueno Tenorio, Jorge Nordhausen, Eduardo Romero, Rosendo Villarreal, Jesús Reyes Heroles, Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo, Carlos Morales Gil, Rafael Bererido Lomelín, Néstor García Reza, Guillermo González Calderoni, entre otros. A un año de su publicación nada se ha desmentido.

Ana Lilia Pérez, quien ha sido hostigada desde el poder por ventilar el nepotismo, licitaciones amañadas, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos, reveló que en los periodos en que Juan Camilo Mouriño presidió la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y fue subsecretario de Energía, la empresa Ivancar, de la cual era accionista, recibió de Pemex adjudicaciones directas por casi 100 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos.

Modus operandi
“Ubiquemos la última década

—dice la reportera— porque sí hay un antes y un después del gobierno del PRI al PAN en Pemex. Dentro de ese nivel negativo de corrupción en que se ubica a México, lo que ocurre en la paraestatal es uno de los focos primerizos de atención. Somos un país petrolizado y a partir de ese panorama debemos identificar lo que significa que exista corrupción en la paraestatal.”

¿Qué ha pasado en esta década en Pemex?

No sólo hemos visto que la corrupción en Pemex ha sido rampante, usando los términos de Calderón, sino ahora está acompañada de políticas claras tendientes a su privatización. Vemos que los contratos-asociaciones que se anuncian como consorcios privados no son más que visos de esta privatización que se está dando a pasos agigantados de manera oportunista cuando la atención pública está centrada en la inseguridad.

¿Cómo opera la corrupción en Pemex?

Hay dos tipos de modus operandi en cuanto a los funcionarios de alto nivel y el grueso de los trabajadores. En un caso estamos hablando de una especie de delitos de cuello blanco: precios en contratos, manipulación en licitaciones públicas, adjudicaciones directas a cambio de sobornos y que en el ámbito petrolero consorcios de todos los niveles entran a este tipo de prácticas. He tenido la oportunidad de platicar con representantes de consorcios europeos y de Estados Unidos que se han visto involucrados en actos de corrupción. Decían que no había otra manera de trabajar en México si no era dando dádivas a los funcionarios públicos: el famoso diezmo, regalos, prebendas de tipo sexual, estamos hablando de que se les regalan visitas a table dances, viajes al extranjero, dependiendo el monto del contrato del que se esté hablando.

¿Y los funcionarios de bajo perfil?

Lo vemos por ejemplo en la sustracción de hidrocarburos, materiales y equipo de las plataformas. Recuerdo que en una ocasión estaba colaborando con unas personas de Inglaterra que estaban haciendo un documental sobre la corrupción en Pemex y pudimos presenciar a un trabajador ofreciendo 30 chalecos a personas que se ocupan de dar cursos de salvamento en las playas. El nivel de corrupción es del más alto nivel hasta los trabajadores más bajos.

Los negocios de Mouriño
Con el paso del tiempo, ¿qué te sorprende del caso Mouriño?

Escuchaba las declaraciones que hacía Manuel Espino sobre una preocupación que le compartió Germán Martínez, entonces secretario de la Función Pública cuando publicamos esa información. El se refiere a un contrato en particular que causaría problemas. Era precisamente ese contrato que firmó Juan Camilo Mouriño de puño y letra cuando era subsecretario de Energía, y como tal tenía participación en el Consejo de Administración de Pemex. La Ley Federal de Responsabilidades es muy clara y Mouriño tenía que haber sido inhabilitado; sin embargo, tuvo la protección de Presidencia de la República como la han tenido otros funcionarios involucrados en actos de corrupción.

¿Existe otro caso que no se le ha dado tanto seguimiento pero que revela la impunidad total en Pemex?

El de la franquicia gasolinera que desde 2007 en Arteaga, Coahuila, explota comercialmente Alberto Villarreal Berlanga, hijo de quien en ese momento se desempeñaba como administrador general de Pemex, Rosendo Villarreal Dávila. El es un panista destacado de Coahuila que ingresa a la extinta Secretaría de Contraloría invitado por Francisco Barrio para atrapar a esos peces gordos. Entre 2000 y 2004 fue contralor general de la Secretaría de la Función Pública. Su salto de aquí a Pemex, que estuvo bajo su escrutinio, le significó su primera imputación de conflicto de intereses denunciada por el Legislativo. Este funcionario sale de Pemex en un momento delicado, cuando la misma Función Pública, el Cisen y PGR intervienen sus oficinas y abren una investigación vinculada al robo de combustible. No sabemos los resultados de esta pesquisa que aún está en proceso. Este funcionario sale de Pemex y se integra nada menos como asesor de César Nava en la dirigencia nacional del PAN.

Silencio del sindicato
¿El sindicato petrolero es parte y cómplice de este círculo vicioso?

El sindicato petrolero ha sido un ente afín al PRI, sin embargo, se ha permitido que siga operando con sus vicios. Vemos a un intocable Carlos Romero Deschamps aun cuando se exhiben sus excesos en su patrimonio que no es acorde a los ingresos que obtiene en su plaza. Lo que se ha negociado son las prebendas en cuestiones clave a las que el sindicato debería poner un alto. Por ejemplo, estos contratos donde la fuente de empleo se está entregando a empresas privadas y el primero que debería saltar es el sindicato, sin embargo, no hemos visto ningún pronunciamiento de su líder Romero Deschamps. Este silencio tiene una explicación a partir de negociaciones que está haciendo el sindicato para tener áreas de negocios como si fuese una empresa privada que está recibiendo beneficios. El sindicato controla una parte del área de transporte de Pemex, no hay mucha claridad de cómo se manejan estas áreas de negocios ni para quiénes son estos beneficios.

A partir de tu trabajo periodístico, ¿existe una fórmula real para combatir corrupción e impunidad en Pemex?

No todos los que trabajan en Pemex son deshonestos, hay mucha gente que proporciona información. La única vía para que se combata y se inhiban las prácticas de corrupción es que se castigue con mano dura. Nos esperan años para saber si a un caso se le pueden fincar responsabilidades o no. Esto es como el sistema de justicia en el país. Si la gente ve que hay impunidad, va a incurrir en estas prácticas porque en México la corrupción cuesta muy barata. A los funcionarios les salen muy baratos los actos de corrupción. No se considera tampoco el daño social que estos actos traen implícitos ni las consecuencias a futuro que pueden generar.