Los encarcelados del SME han sido tratados como miembros de la delincuencia organizada, aunque las leyes que se les han aplicado son anteriores al sistema inquisitivo creado en especial a partir de la crisis de violencia que sufre el país
Pablo Gómez
2011-04-22•Acentos
Los detenidos por los disturbios callejeros provocados por miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas han sido acusados de actos ilícitos cometidos en pandilla, con lo cual el juez federal que resolvió someterlos a proceso penal les ha negado la libertad bajo fianza. El juzgador recibió la acusación del Ministerio Público de la Federación (PGR) y se tragó la interpretación jurídica completa. Esos mismos detenidos fueron también consignados a un juez del llamado fuero común (local del DF), pero sin el agravante de pandillerismo. Tenemos dos formas de ver las mismas conductas.
En casi todo el mundo se producen enfrentamientos con la policía, disturbios en protestas callejeras, pero en pocos lugares tales acontecimientos se convierten en causas penales que llevan a los detenidos a purgar años en la cárcel. Ahora, un clamor se desató en algunos medios de comunicación exigiendo castigo con severidad para —se ha dicho— evitar que los miembros del SME sigan haciendo tropelías motinescas. Sin embargo, eso no era necesario. La PGR ya tenía preparada la represalia política al estilo de Díaz Ordaz: mantener a los detenidos en la cárcel durante el tiempo que dure el proceso penal, es decir, dar prisión sin tener sentencia condenatoria.
El gobierno de Calderón ordenó una vez más a la PGR un comportamiento de carácter político aprovechando los daños causados a un camión de la CFE (delito federal). Pero ¿todo acto ilícito cometido por varias personas es pandillerismo? Está claro que no es así. Una pandilla tiene ciertas características, tales como las de actuar con un previo acuerdo, con una intensión definida por sus integrantes sin la espontaneidad que supone la realización de un acto de protesta en el que se producen, por los motivos que sean, actos de violencia.
Quienes estaban en la protesta son miembros de una organización social de carácter legal, los cuales, además, están exigiendo una plaza de trabajo, justamente aquella de la que fueron despojados por el gobierno. No se trata de una pandilla. Sin embargo, el gobierno federal no sólo ordenó el encausamiento de los detenidos, sino que se aseguró que fueran mantenidos en prisión. El juez —quien haya sido— aplicó la consigna tal como es todavía frecuente en México.
Lo que muestra Calderón es su política de seguir usando la justicia bajo motivaciones de carácter político, la cual fue durante muchas décadas una de las características del viejo sistema priista. En el fondo, se trata del método de poner la justicia al servicio del poder, lo cual es contrario a la Constitución.
Los actos violentos realizados por miembros del SME afectan a esta organización en su prestigio ante la ciudadanía y no contribuyen en nada a la causa que defienden, pero eso no puede justificar que se les impida mediante maniobras legales encarar su proceso penal en libertad, pues tal es un derecho constitucional que no elimina la sanción, sino que ésta se ejecuta a partir de que se produce la condena.
Lo que se busca es responder con prisión y no sólo con procesos penales. Castigar antes de un juicio, antes de la presentación de la defensa, antes del completo esclarecimiento de las responsabilidades atribuidas a los detenidos; tal es el propósito político.
Los encarcelados del SME han sido tratados como miembros de la delincuencia organizada, aunque las leyes que se les han aplicado son anteriores al sistema inquisitivo creado en especial a partir de la crisis de violencia que sufre el país. Son las de la época priista, son las que usaba Díaz Ordaz con el aplauso de no pocos noticieros y comentaristas: motín, daños cometidos en pandilla, aderezados con resistencia de particulares. Nomás faltó el delito de invitación a la rebelión y aquel que ya no existe: disolución social.
