Arturo Alcalde Justiniani / II - Opinión-La Jornada
La resolución del tribunal federal que declaró inconstitucional el principal producto de la reforma laboral de 2012 que limita el pago de salarios caídos derivados de un despido injustificado ha generado reacciones diversas. Por un lado, en el sector de los trabajadores renació la esperanza de no quedar en estado de indefensión y de evitar seguir cargando en sus hombros la tardanza de los tribunales en juicios que suelen durar un promedio de cuatro años. Por el contrario, en el sector empresarial, se ha generado la preocupación de que se aniquile su principal conquista, para transitar hacia un régimen de inestabilidad laboral. Más allá de los razonamientos de uno y otro lado, el hecho es que esta ejecutoria colocó en el centro de la discusión un tema esencial consistente en que la duración de los juicios laborales es responsabilidad del Estado.




