En la interminable pasarela de exgobernadores corruptos que más tardan en pisar los reclusorios que en salir por la puerta trasera de la impunidad, se ha sumado como figura estelar el exmandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Las autoridades se vanaglorian de mostrarlo como un auténtico trofeo en su lucha contra la corrupción, obstinándose en capturar a los auténticos “peces gordos” con chinchorro.
En México a la clase trabajadora se le han escatimado derechos fundamentales, como a un salario digno, y se le ha precarizado. La reforma laboral no ha traído los grandes beneficios que se ofrecieron al sector obrero, como la mejora de condiciones de trabajo, pero sí ha crecido el outsourcing y operan en auge los sindicatos de protección.
En febrero pasado se presentó ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia contra Rosario Brindis Álvarez, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Pemex por tráfico presunto de influencias en favor de la firma en la que trabaja su esposo, Alberto Ríos Treviño, quien se adjudicó un contrato millonario superior a los 567 millones de pesos, la mayor sangría que ha experimentado la empresa petrolera.
Decenas de conflictos estallan y se recrudecen en el país: Gobernación reconoce 60, pero podrían ser más de 400. Entre las causas destacan la imposición de megaproyectos, saqueo y privatización de recursos naturales, disputas territoriales y saldos de la violencia. A la inconformidad social, el gobierno responde con represión. Blanden la hoja de metal y luego rozan su filo en el asfalto. Machete en mano, ejidatarios de San Salvador Atenco, Estado de México, recuerdan con arengas a Emiliano Zapata, quien fue asesinado un 10 de abril pero de 1919, tras alzarse en armas durante la Revolución por injusticias similares a las que ahora padecen decenas de pueblos y comunidades en el país.
Por enésima ocasión, el PRI y sus incondicionales en la Cámara de Diputados le dieron la espalda a la sociedad civil al aprobar por albazo una Ley de Telecomunicaciones que favorece a los concesionarios de radio y televisión, tradicionalmente aliados del poder. El dictamen aprobado elimina la obligación de éstos de distinguir publicidad de información y le resta facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Cuando especialistas y organizaciones de la sociedad civil reclamaron este golpe regresivo, se les informó: “Sólo sabemos que es una orden de Ricardo Anaya”, el dirigente nacional del PAN.
El ensayo fue largo, pero el paro general despuntó y paralizó Brasil. De norte a sur, en las ciudades grandes, medianas y pequeñas, el país se detuvo y salió a la calle para manifestar la defensa de los intereses de todos contra la ofensiva antipopular del gobierno golpista. Si estaba apostando al fracaso del paro general para seguir adelante con la anulación de los derechos de la mayoría de la población, el gobierno se equivocó. Se apresuró para aprobar la liquidación del Código de Trabajo (CLT, por sus siglas en portugués), la tercerización, la eliminación de la seguridad social pública, para ponerse al servicio del mercado y los medios de comunicación, pero ahora se choca con el país real.
Derechohabientes en mora piden programa de rescate al Infonavit
Calles vacías, metros y trenes parados, fábricas cerradas, autobuses sin conductores, bloqueo de carreteras, aeropuertos parados. Esos son apenas algunos de los escenarios y acciones que están aconteciendo en todas las regiones de Brasil desde la madrugada de este viernes 28 de abril, día en que diversas organizaciones sociales convocaron la población a sumarse a una huelga general contra los recortes de derechos promovidos por las reformas laboral y de pensiones del gobierno golpista de Michel Temer (PMDB).
Ciudad de México. Los integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) nos encontramos en plantón indefinido desde el 17 de abril y nuestro objetivo central es alcanzar el “borrón y cuenta nueva” ante las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló Daniel Pineda, dirigente de la organización. La Ley nos asiste, ya que CFE no tienen contrato con los usuarios por lo que no puede exigir el pago de un servicio que ha otorgado sin que los particulares se lo hubieran solicitado. Ellos nos piden que nos apeguemos a la ley y justamente eso estamos haciendo, explicó Daniel Pineda.
borrón y cuenta nueva.
una incidencia negativa en la medición de la pobrezaeste año por el repunte de los precios, lo que deteriora el poder adquisitivo de la población, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
El poder adquisitivo de las familias, determinante de los niveles de pobreza, depende de la evolución de los precios. Hasta ahora el Banco de México ha realizado esfuerzos importantes para evitar mayores presiones, pero es evidente que la dinámica esperada para los meses próximos anticipa un impacto en el salario real de los trabajadores, sobre todo porque los precios siguen en ascenso y se prevé una inflación cercana a 6 por ciento al cierre de 2017, sentenció el organismo.
5 días han transcurrido ya, sin que ninguna autoridad municipal, estatal o federal se acerque a escuchar de viva voz las peticiones de Marisela Barbosa, quien junto a su amiga Teresa permanecen en una huelga de hambre, pidiendo en nombre de toda la comunidad Sanluisina tarifas eléctricas justas. Marisela y Teresa iniciaron su huelga en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad ubicadas en una plaza comercial de la Oaxaca B y 26, de donde por decisión de la propietaria fueron expulsadas.
Juan Ricardo Montoya | Corresponsal | Periódico La Jornada | Domingo 23 de abril de 2017, p. 22
El abogado de la empresa Infraiber, Paulo Diez Gargari, sostiene que la captura en España de Javier López Madrid, el yerno del accionista mayor de OHL, por corromper a un funcionario a cambio de privilegios en las obras públicas, confirma el esquema que el grupo constructor –pero también otros como Higa y Odebrecht– aplica en México. En entrevista con Proceso, el litigante expone que hay “indicios fundados” de que la trasnacional paga con sobornos las facilidades para operar dos rentables vialidades de cuota mexiquenses, y de que ese dinero sucio puede financiar el apoyo ilegal del gobernador Eruviel Ávila a la campaña electoral del priista Alfredo del Mazo.
En una fotografía que circula en redes sociales se ve al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, rodeado de 19 gobernadores priístas. Todos se ven felices, triunfadores, dueños del poder y la confianza de sus gobernados; sin embargo, nueve de ellos ahora están presos, prófugos o son sujetos a procesos penales por delitos de corrupción, abuso de poder, peculado, y más de uno por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. De los otros 10 gobernadores que al parecer no tienen problemas con la justicia, por lo menos hasta ahora, lo más seguro es que fueran protegidos por sus predecesores o algunos de ellos aún se mantienen en el poder; de tal manera que la cifra de gobernadores priístas corruptos que desfalcaron las arcas públicas, sin duda alguna, es mayor. Sólo hace falta que alguien los investigue y seguramente nadie se salvaría de la prisión.
Mientras la corrupción desmesurada sigue carcomiendo la vida nacional hasta su médula, las distintas fuerzas políticas actuantes en el Senado de la República no atinan a aterrizar lo relativo al nombramiento del fiscal anticorrupción y otras reformas en la materia. Por tal motivo, era previsible lo que ya ocurrió: el aplazamiento del asunto para un periodo extraordinario de sesiones. La disyuntiva es: o un fiscal independiente con atribuciones amplias o uno que sirva de tapadera a más actos de corrupción del poder público.
Requerido por el gobierno mexicano bajo los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, Javier Duarte también es reclamado en el estado que gobernó. Cientos de familias exigen que sea juzgado igualmente en Veracruz por cientos de desapariciones forzadas y asesinatos cometidos por policías. Incluso la Fiscalía General del Estado pide adjuntarse en la petición de extradición y la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas pide saldar, con investigaciones productivas, la “deuda de sangre” que tiene la entidad con el gremio periodístico.
Más allá del resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo 23, queda claro que llegó a su fin el bipartidismo que había prevalecido en Francia durante las últimas tres décadas. Más aún, el populismo se posiciona en el país y candidatos de derecha e izquierda exacerban los ánimos, atizan los odios y atacan sin rubor dos principios básicos de la democracia: la libertad de prensa y la independencia de la justicia.
“Queremos señalar que a partir de la asamblea
que tuvimos con el grupo de jubilados se estableció una plataforma
política de lucha, entre los acuerdos está realizar una manifestación
que va a ser en los próximos días. Nos vamos a poner de acuerdo para
llevarla a cabo y exigir el cumplimiento a los derechos adquiridos del
grupo de jubilados y el grupo de compañeros de renta vitalicia que fue
producto de la negociación.
"Tuvimos una audiencia en la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje. Recordarán que metimos una demanda en contra
del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana (SUTERM), en diciembre del año 2016. Después de una chicanada
-como les dicen los abogados- que consistió en notificar a otro
sindicato, por lo que se suspendió la primer audiencia, ya se llevó a
cabo, se presentó el jurídico del SUTERM a solicitar que se defiriera la
audiencia para entrar en pláticas conciliatorias.
Los millones de electores que acudirán este 4 de junio a las urnas en los tres estados de la república donde se elegirán gobernadores, Coahuila, Nayarit y el Estado de México, tendrán el derecho a cuestionar a los partidos y sus candidatos sobre la responsabilidad que les atañe en lo concerniente a asuntos como la firma del Pacto por México y la aprobación de las reformas estructurales que han llevado al país a una nueva crisis económica con altos costos sociales.
Freno a los abusos y cobros excesivos e injustos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), echar abajo la reforma energética y “borrón y cuenta nueva” demandaron diversas organizaciones urbanas, sociales y sindicales que ayer realizaron una marcha, y mitin en las oficinas centrales de la CFE. Encabezó la movilización la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la cual llamó a una “huelga de pagos” a la CFE y anunció que se mantendrá en plantón afuera del edificio de la empresa en avenida Insurgentes y Reforma. Participaron además integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Movimiento Urbano del Poder Popular, Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, entre otros.
Los buenos deseos de generar energía eléctrica limpia y económica en beneficios de los consumidores y los sectores productivos, plasmados en la reforma energética, se están derrumbando ante la cercana liberación de precios y tarifas que las leyes secundarias dejaron al libre albedrío de organismos ineficientes, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace); este último, encargado de regular el funcionamiento del mercado mayorista que dará servicio a los usuarios calificados.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) instruyó dos expedientes de responsabilidad en contra de tres servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad de Yucatán y de Jalisco debido a que no depositaron el dinero recaudado por el pago de energía eléctrica. Los funcionarios adscritos a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Yucatán no depositaron dos millones 652 mil 528.14 pesos y el de Jalisco, 292 mil 400 pesos.
Otro de los pregonados “éxitos” de la reforma energética comienza a presentar problemas. A un año de su arranque, recordemos que por estos días de abril, pero de 2016, se inauguró con gran despliegue publicitario el complejo petroquímico privado llamado Etileno XXI, construido en Nanchital, Veracruz a unos 12 kilómetros del rio Coatzacoalcos. Al arranque de operaciones asistieron personalidades de Brasil –entre ellos el embajador de ese país en México–, así como connotados funcionarios del sector energético; no hace sino 12 meses y ahora no por los escándalos internacionales, no porque algunos de los “socios” que impulsaron esa “privatización corrupta” ahora están encarcelados, sino porque en este momento presenta “problemas para operar”.
La ANUEE se MOVILIZA! 
Porque la lucha de los usuarios de energía eléctrica en resistencia no ha terminado.
Hace 7 años escribí en Contralínea los planes que el gobierno federal, políticos, empresarios nacionales, altos ejecutivos de trasnacionales y el lobby estadunidense perfilaban para México hacia 2030. La mayoría de esos perversos objetivos neoliberales y entreguistas se ha cumplido, pero falta lo peor. Los objetivos que tenía la clase política y económica nacional y extranjera desde el sexenio pasado –y en realidad desde que Carlos Salinas de Gortari asumió la Presidencia de México– quedaron plasmados en el compilado de 14 documentos, titulado México 2030, proyecto de gran visión. Éstos consisten en abolir la propiedad pública y legalizar el despojo. El plan transexenal fue resultado de arduas sesiones convocadas en 2006 por el panista Felipe Calderón, en medio de las protestas contra su supuesto triunfo electoral, avalado por las instituciones pero rechazado por una buena parte de los mexicanos, que demandaban masivamente el recuento de los votos.
José Mujica afirma que México se distanció de América Latina por la proximidad absorbente de Estados Unidos y ahora está pagando el precio de depender básicamente de un solo mercado. Además, frente a los desafíos de Washington, Peña Nieto “podría haber hecho más en términos de firmeza”, señala el exmandatario uruguayo. Para él, ya es hora de revertir esa situación y propone que la diplomacia mexicana recorra el continente en busca de un modo de unirse con sus vecinos del sur.
Hace poco más de diez años militares y marinos salieron a las calles a combatir al crimen organizado por instrucciones presidenciales. Hoy están en 26 entidades; algunos altos mandos castrenses incluso han sido secretarios estatales de seguridad pública, pero los resultados han sido calamitosos, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Índice de Paz México 2017. Ante esta realidad, el general en retiro Sergio Aponte Polito exige que los militares regresen a los cuarteles y que los gobiernos estatales capaciten a sus cuerpos policiacos.
16 abril 2017 | Álvaro Cepeda Neri* | Contralínea
Un hecho inquietante de las gestiones delincuenciales de los priistas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en Tamaulipas no sólo radica en el tiempo de impunidad transcurrido a lo largo de ellas –más de dos décadas–, sino el vínculo del cártel narcopolítico de Yarrington en el sistema de relaciones de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. El nexo lo personifica un alto funcionario del sexenio estatal de Yarrington que ha estado en la mira de las autoridades del país por sus presuntas ligas con el Cártel del Golfo. Se trata de Baltazar Hinojosa Ochoa, uno de los estrategas de Peña Nieto en la elección presidencial y pariente del contratista Armando Hinojosa Cantú, financiador de la Casa Blanca del mandatario en Las Lomas de Chapultepec.
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La convocatoria de pago para los empleados de Mexicana de Aviación no es una liquidación laboral ni implica la renuncia a sus derechos como trabajadores de dicha empresa, afirmó el juez encargado de la liquidación de la aerolínea. El Juez Décimo primero de Distrito en materia Civil en la Ciudad de México que la semana pasada autorizó un primer pago a más de seis mil trabajadores afectados por la quiebra de Mexicana de Aviación, aclaró que la convocatoria no afecta sus derechos laborales. Luego de darse a conocer la autorización del primer pago en los concursos mercantiles de Mexicana de Aviación, Mexicana Inter y Aerovías Caribe, S. A. de C. V.; un grupo de trabajadores acudió al edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro a manifestar su inconformidad contra las cantidades que recibirán por considerar que no corresponden a la antigüedad que tenían en la empresa.
12 abril 2017 | La Redacción | Proceso
En un intento por frenar el escándalo que generó el soborno de 10.5 millones de dólares a exfuncionarios federales entre 2010 y 2014 por parte del brasileño Marcelo Odebrecht, el miércoles 5 Pemex dio información sobre cuatro de los 11 contratos firmados, pero ocultó datos sobre los sobreprecios y ampliaciones ilegales cercanos a los 3 mil millones de pesos que la empresa pagó; también ocultó las cifras sobre el descuento que el conglomerado brasileño recibirá en los próximos 20 años por la compra de etano.
9 abril 2017 | José Reyez | Contralínea
Mediante un albazo legislativo, el miércoles 5 por la tarde las fracciones del PRI, PVEM y PAN aprobaron una iniciativa presentada por el vicecoordinador de Acción Nacional en San Lázaro, Federico Döring, que le quita facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de defensa de los derechos de las audiencias y que, sobre todo, permite a los concesionarios vender espacios de opinión o promoción sin que ello obligue a distinguirlos como tales ante las audiencias. Especialistas consultados por Proceso dicen que la Ley Televisa-Döring es un nuevo embate contra la Constitución.
Los surcalifornianos han luchado desde hace años por vivir en un medio ambiente libre de minería tóxica, y no es que exista de otro tipo: todo proceso extractivo de minerales lo es; lo que los hace diferentes es su escala y los métodos que emplean, y de eso depende la letalidad que dejan en los suelos en que se realizan, así como los prolongados lapsos en que los contaminantes permanecen y afectan al medio ambiente.
El mundo va al revés. El Congreso de Estados Unidos aprobó desechar la regulación anterior de privacidad que impedía que las empresas utilizaran la información de sus clientes. Y es que desde hace mucho tiempo las empresas proveedoras de conexión a internet han deseado tener aún más ganancias siguiendo la fórmula de vender los datos privados de navegación que ya era conocida desde hace tiempo; sin embargo, durante el gobierno de Obama no hubo oídos para ellas. Pero ahora podrán comercializar tus datos, ya sea el historial de navegación, las ubicaciones desde las que te conectas, lo que sueles buscar en internet, también el uso que haces con tus apps y hasta el tiempo que dura tu navegación.
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